El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, intenta frenar el gasto durante los últimos días del gobierno de Laurentino Cortizo. Ordenó a todas las instituciones públicas detener las licitaciones, adquisiciones, contrataciones públicas y cualquier iniciativa de gasto nuevo.
Esta solicitud la hizo a través de la circular MEF-2024-26101, que también indica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no emitirá certificaciones de partidas solicitadas por las entidades estatales para estas actividades.
La circular recuerda a las entidades públicas la obligación de cumplir con el artículo No. 15 de la Ley No. 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal.
Esta ley prohíbe a las entidades contraer nuevas obligaciones en los últimos seis meses de gobierno si no cuentan con suficiente asignación presupuestaria y si no pueden ser pagadas dentro del mismo período fiscal.
El cumplimiento de esta ley, sin embargo, será una tarea titánica al cierre de 2024.
El próximo gobierno enfrentará dificultades para cumplir con la ley fiscal debido a la forma en que se ha elaborado el presupuesto de este año.
La administración saliente presentó un presupuesto general del Estado que implica una maniobra financiera de $4,092 millones.
Esta cantidad representa el dinero que, supuestamente, no se ejecutaría al finalizar el año 2024, ya que en un año electoral el aparato estatal se ralentiza y no es posible llevar a cabo todos los planes trazados.
Pero el presupuesto general del Estado enviado a la Asamblea Nacional revela que esta subejecución se debe realmente a que los ingresos proyectados no cubrirán todos los gastos estimados.
Si terminaran gastando todo lo que se presupuestó, ello implicaría sobrepasar significativamente lo estipulado por la ley fiscal, aumentando el déficit del 2% al 6.7%
.Ahora, Alexander dijo en la circular que ha decidido suspender los nombramientos y ajustes salariales, con excepción de aquellos cargos que estén protegidos por leyes especiales.
Las peticiones de Alexander podrían llegar algo tarde, considerando su efectividad frente al gasto previo reciente.
Durante los últimos meses de este año, y en pleno período electoral, la administración de Cortizo infló la planilla estatal, superando los 250 mil funcionarios, que recibieron un total de $427.2 millones en sueldo bruto durante el mes de febrero.
Según el último informe de la Contraloría General de la República, publicado en abril, del sueldo bruto acumulado en la planilla del sector público, $400.7 millones corresponden a funcionarios permanentes y $26.4 millones a funcionarios eventuales.
El Gobierno cerró el año 2023 con un gasto sin precedentes en pagos a funcionarios, superando la marca de los $5,000 millones.
