La Asamblea Nacional debate tres anteproyectos de ley que buscan modificar la Ley 6 de 1987, que establece los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.
Las propuestas han generado reacciones encontradas: mientras los pensionados presionan por una ampliación de sus derechos ante el alto costo de la vida, los sectores empresariales advierten que las nuevas obligaciones podrían afectar la sostenibilidad de los comercios y generar distorsiones económicas.
Las iniciativas —actualmente en una subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social— buscan actualizar una ley que tiene casi cuatro décadas de vigencia.
El objetivo, según los proponentes, es aliviar las cargas económicas de los adultos mayores e incorporar servicios y consumos que hoy son esenciales, como el internet, pero que no estaban contemplados cuando la norma se aprobó.
Uno de los principales cambios se concentra en los servicios básicos. Los tres proyectos coinciden en incluir el acceso a internet dentro de los beneficios, ya que la ley actual solo contempla un descuento del 25% en el cargo fijo del servicio telefónico.
También plantean mantener los descuentos en energía eléctrica, agua y teléfono, además de extenderlos a propiedades de asociaciones de jubilados.
El tema de salud es uno de los puntos con mayor divergencia. Se proponen aumentos en los porcentajes de descuento aplicables a medicamentos, servicios médicos y hospitalarios, lo que —según los impulsores— responde al encarecimiento del sistema de salud y la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.
En el ámbito del transporte y la recreación, una de las propuestas plantea elevar el descuento en los pasajes aéreos y extender los beneficios a autopistas de peaje, un rubro no incluido en la ley vigente.
En cuanto a la alimentación, los tres anteproyectos mantienen o amplían los descuentos en el consumo individual de comidas. Uno de ellos, introduce una clasificación por tamaño de restaurante, para diferenciar los niveles de descuento.
Además, se incluye nuevas categorías como vestimenta y calzado, con un descuento del 30% en ropa.
Una de las propuestas más controversiales introduce una regla adicional para los precios promocionales: cuando las empresas ofrezcan rebajas o precios especiales, los jubilados podrían recibir un 20% de descuento adicional sobre ese precio reducido.
Parte de los argumentos que se analizan, como efecto adverso, es que cuando la ley obliga a los comercios a aplicar descuentos altos a un grupo, como los jubilados, las empresas suelen compensarlo subiendo los precios generales.
Es decir, que parte del costo del beneficio termina trasladándose al resto de los consumidores o se reduce la calidad.
