Los repartidores de la plataforma PedidosYa en Panamá cumplen este miércoles tres días de cese temporal del servicio como una medida de protesta por los cambios en el esquema de pago que, según denuncian, reducen sus ingresos mensuales, mientras que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) cuestionó la legalidad de las acciones y puso el foco en la contratación de mano de obra nacional por parte de la empresa.
PedidosYa opera en 13 ciudades del país, entre ellas Ciudad de Panamá, David, Santiago, Colón, Chitré y Las Tablas, con un ecosistema que incluye 3,500 comercios afiliados y más de 4,100 repartidores independientes.
El conflicto se intensificó tras un cese temporal de labores registrado el lunes 13 de abril. Los motorizados alegan que el nuevo modelo de pago representa una reducción significativa en sus ingresos. Explican que la tarifa base actual por entrega es de $2.50, lo que permitiría generar alrededor de $1,250 mensuales si se completan 500 pedidos. Monto que no cubre los costos que tienen de combustible, seguro y mantenimiento entre otros.
Sin embargo, con el nuevo esquema —que incluye $1.50 de base, $0.10 adicional según evaluación, $0.20 por kilómetro hacia el comercio y $0.15 por kilómetro hasta el cliente— estiman que el pago promedio baja a unos $1.95 por entrega, lo que reduciría sus ingresos a cerca de $975 mensuales. “Este modelo reduce los ingresos entre 36% y 40%”, sostienen.
Los repartidores proponen que la tarifa base aumente a $3.50 por pedido, con la que podrían alcanzar ingresos de hasta $1,400 mensuales, aunque advierten que esto implica jornadas de hasta 80 horas semanales, además de asumir costos como combustible, mantenimiento, seguros y otros gastos operativos.
“Trabajamos como asalariados, pero sin derechos”
Un motorizado entrevistado, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, aseguró que el modelo actual aplicado por la empresa PedidosYa los deja en una situación de vulnerabilidad laboral.
“Nosotros somos una figura de contratados como servicio independiente, pero en la práctica trabajamos como asalariados. Cumplimos horarios, recibimos órdenes y si no hacemos lo que nos exigen, nos sancionan y suspenden de la plataforma”, explicó.
El repartidor detalló que, aunque el contrato los define como “microempresas”, en la operación diaria están sujetos a controles estrictos. “Ellos imponen todas las reglas. No hay un acuerdo mutuo, todo está inclinado a favor de la empresa”, afirmó.
Según su testimonio, las jornadas pueden extenderse entre 12 y 16 horas diarias, lo que equivale a entre 70 y 80 horas semanales y hasta 90. A pesar de ello, los ingresos no son proporcionales. “La semana pasada trabajé 58 horas y gané 230 dólares. No es como la gente piensa, que más horas significan más dinero”, relató.
También denunció que el sistema de evaluación penaliza pausas básicas durante la jornada. “No podemos detenernos ni para ir al baño o comer porque eso afecta la evaluación y luego no podemos acceder a más horas de trabajo”, indicó.
El motorizado agregó que existe temor entre los repartidores de expresar sus reclamos públicamente. “Apenas das la cara o levantas la voz, te bloquean. Te quedas sin trabajo sin ninguna explicación”, aseguró.
Vacíos legales y falta de regulación
El entrevistado también cuestionó el marco legal actual bajo el que operan estas plataformas. “Hay muchos vacíos en el contrato. Estamos a merced de las reglas que ellos imponen”, afirmó, al tiempo que señaló que en otros países de la región ya existen leyes que regulan este tipo de trabajo.
Añadió que, aunque deben cumplir con requisitos como permiso migratorio en caso de ser extranjeros, documentación vehicular, licencia y registros fiscales como pagar impuestos en calidad de microempresarios, no cuentan con una relación laboral formal ni con garantías como seguridad social o estabilidad.
La ausencia de cobertura de la Caja de Seguro Social es otro de los puntos que preocupa a los motorizados. Al estar registrados como trabajadores independientes, no cuentan con seguro social, atención médica ni protección ante accidentes laborales, pese a tratarse de una actividad de alto riesgo en la vía pública. Esta situación, advierten, los deja expuestos tanto en términos de salud como de estabilidad económica, especialmente ante cualquier incidente que les impida seguir trabajando.
Postura del Gobierno
Se consultó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, quien cuestionó la forma en que se ha manejado la protesta. “La primera reivindicación que nosotros pedimos a la empresa, es que se respete el porcentaje de trabajadores panameños”, afirmó.
Muñoz indicó que la empresa debe cumplir con la legislación laboral panameña que exige la contratación de 90% de mano de obra nacional y solo 10% extranjera.
Situación que no aplica PedidosYa, que alega que no tiene empleados motorizados, sino un contrato por servicio.
La funcionaria señaló que los motorizados no han presentado formalmente su situación ante Mitradel y calificó como “irresponsable” el anuncio de paralización sin un pliego de peticiones.
“Nos podemos sentar, pero primero la mano de obra debe ser panameña”, enfatizó la ministra.
Muñoz también advirtió que existe incertidumbre sobre la naturaleza de los contratos en la empresa de reparto de productos. “Se desconoce cuáles son sus contratos. No tengo un sustento de la empresa siquiera”, indicó, al tiempo que adelantó que se pueden realizar inspecciones laborales, aunque reconoció las dificultades de fiscalizar un modelo basado en trabajadores independientes.
Empresa mantiene operaciones
PedidosYa informó que su servicio en Panamá se mantiene operativo, aunque reconoció retrasos en algunas zonas debido a manifestaciones de “algunos repartidores independientes”.
La Prensa le envió preguntas a la empresa PedidosYa sobre el estatus de la relación laboral con los motorizados, sin embargo, indicaron que no emitirán ningún pronunciamiento al respecto. “Por el momento, la compañía no dará declaraciones sobre este tema”, indicó la empresa de relaciones públicas de PedidosYa.
Los motorizados, por su parte, reiteraron su llamado a la empresa para abrir un proceso de negociación que permita revisar el esquema de pagos, en medio de un conflicto que vuelve a poner sobre la mesa las condiciones laborales dentro de las plataformas digitales en el país, mientras la población que se ha acostumbrado al servicio de delivery espera hora y horas por su pedido o debe cancelarlo y los comercios siguen pediendo entregas y dinero.
