El presidente José Raúl Mulino expresó su preocupación por las “distorsiones” en el mercado energético tras la aprobación de un cambio contractual que incrementa los costos para los usuarios de Elektra Noreste S.A. (ENSA).
La decisión fue adoptada bajo la gestión de Armando Fuentes, exadministrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), antes de finalizar su mandato, cuatro meses antes de que iniciara la administración de Mulino.
Los cambios en el contrato obligaron a ENSA a comprar energía en el mercado ocasional, lo que repercute directamente en las tarifas.
“Hay distorsiones desde el punto de vista de los jugadores en el mercado”, afirmó el mandatario, refiriéndose a la falta de control sobre las empresas que prestan servicios eléctricos.
“No podemos seguir manejando el conglomerado de empresas que prestan servicio en electricidad o en comunicaciones sin la debida tutela de los entes reguladores...”, afirmó este jueves, 19 de septiembre, durante la conferencia de prensa semanal que realiza desde la Presidencia de la República.
Allí indicó que en el país el sector eléctrico ha operado durante los últimos 10 años sin una regulación eficaz. “Y claro, el cúmulo de problemas que hay en la mesa es muy grandes”.
“Documentos que son ilegales, dádivas que se dieron a las empresas sin ninguna razón de ser. Y bueno, le estamos dando el seguimiento correcto y muy cercano”, precisó.
La instrucción, es “minimicemos el aumento de la tarifa”, recalcó.
En el mercado eléctrico ocasional, las tarifas son más altas debido a que no están sujetas a contratos de largo plazo, lo que genera un aumento de costos y, por ende, un alza en las tarifas para los consumidores.
Este escenario es el que se origina a partir de una serie de eventos relacionados con el suministro de energía.
En 2015, la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) adjudicó un contrato a Martano Inc. (ahora Sinolam Smarter Energy LNG Power Co. Inc.) para la provisión de energía y potencia firme.
Sin embargo, Martano no construyó la planta termoeléctrica planificada y decidió ceder sus contratos, los cuales comprometían la entrega de energía a varias distribuidoras.
Tras ocho años sin concretarse la construcción de la planta, en 2023, Sinolam transfirió parte de su contrato (sin reformas) a Enel Green Power, que se encargaría de entregar la energía comprometida a las distribuidoras Edemet y Edechi.
No obstante, en febrero de 2024, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) instruyó a ENSA a firmar un contrato con Alternegy, parte del grupo Enfragen. En este se pactaron nuevas condiciones, en el volumen de energía a entregar y en los precios de la potencia, lo que impactará directamente en los costos de suministro, resultando en un incremento en las tarifas para los consumidores.
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