Naturgy quedó en números rojos en 2020 a causa de la pandemia

Naturgy quedó en números rojos en 2020 a causa de la pandemia
En el último trimestre del año pasado, la empresa decidió revisar a la baja el valor de ciertos activos. Archivo

El grupo energético español Naturgy sufrió en 2020 una pérdida neta de 347 millones de euros (416 millones de dólares), producto del desplome del valor de ciertos activos en razón de la baja en la demanda de energía por la pandemia de la Covid-19.

El ejercicio 2020 fue uno de los “más complicados debido al fuerte impacto derivado de la Covid-19 que ha provocado principalmente una caída generalizada de la demanda en todas las geografías y una depreciación relevante en países clave de América Latina”, explicó Naturgy en un comunicado este jueves.

En el último trimestre del año pasado, la empresa decidió revisar a la baja el valor de ciertos activos, lo que implicó un impacto negativo en sus cuentas de casi mil 400 millones de euros (1.678 millones de dólares).

Esta depreciación implicó principalmente a centrales de ciclo combinado de gas en España y Argentina.

En 2020, la demanda de electricidad en España retrocedió un 5,5% interanual, y la de gas un 6.2%, según el grupo.

Naturgy renegoció durante ese año el precio de una gran parte de sus contratos de suministro de gas con sus proveedores, para mejorar su competitividad comercial.

Por otro lado, la empresa vendió en noviembre pasado su red de distribución eléctrica en Chile a una compañía pública china por 2 mil 570 millones de euros (3.040 millones de dólares), siguiendo su apuesta por las renovables.

Naturgy, ex Gas Natural Fenosa, tiene también una fuerte presencia en México, Brasil, Argentina y Perú.

A finales de enero, el fondo australiano IFM Investors anunció una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 22.69% del capital de Naturgy por un importe máximo de 5.060 millones de euros (unos 6.140 millones de dólares).

El gobierno español dijo que estudiará en profundidad la oferta, ante la capacidad que le ofrece una ley de vetar operaciones que impliquen la compra de más del 10% del capital de empresas españolas en sectores considerados estratégicos, como la energía.


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