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Negociación para proteger los océanos cierra sin acuerdo

Los gobiernos de la región están de acuerdo de establecer más zonas protegidas, pero hay resistencia de la industria pesquera.

Negociación para proteger  los océanos cierra sin acuerdo
El objetivo es proteger el 30% de los océanos para el año 2030. AFP

Los países latinoamericanos han mostrado un gran consenso sobre la necesidad de proteger las aguas no territoriales, la llamada “alta mar”, en las distintas rondas transcurridas para negociar un Tratado Internacional de los Océanos que concluyeron sin éxito la pasada madrugada de ayer sábado.

Como destaca Gladys Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente (AIDA), los países de Centro y Sudamérica han dado suficientes muestras de compromiso para aumentar las áreas marinas protegidas y promover un uso sostenible de las aguas de alta mar.

Hace tiempo que la región ha entendido que no hay fronteras en el mar, como ha quedado claro en el ejemplo de las tortugas de Las Baulas (Costa Rica), cuya población solo creció cuando se puso freno a la llamada pesca incidental que la especie sufría en alta mar.

Con toda su diversidad ecológica y cultural, la región se enfrenta al reto del nuevo tratado con unos problemas comunes: el primero de ellos, que no tienen acceso al caudal de datos e información que manejan los países más industrializados, a los que grupos ecologistas acusan de haber trabajado para rebajar la ambición del texto.

Idear mecanismos de transferencia tecnológica ha sido uno de los escollos de la última ronda negociadora, -al que los países desarrollados se muestran reticentes- que permitan democratizar el uso de las aguas de alta mar para que los eventuales beneficios futuros en el campo de la investigación puedan ser compartidos por todo el mundo.

Un caso concreto es la producción de las evaluaciones de impacto marítimo, inexistentes en Latinoamérica pero usuales en la UE o en Estados Unidos, y que el tratado pretende que se conviertan en herramientas necesarias para definir cualquier explotación de recursos marinos.

Otras resistencias, en este caso internas, proceden de los sectores pesqueros de los distintos países latinoamericanos: los Gobiernos deberán hacer campañas informativas ante su población para demostrar que la protección del alta mar no va a suponer en modo alguno mermas en sus capturas; al contrario, podría redundar en una mayor productividad de las aguas costeras, insistió Martínez.



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