El proyecto de Puerto Barú en Chiriquí se mantiene como prioridad dentro del portafolio de negocios de Ocean Pacific Investments (OPI), el fondo de inversión privado de capital estadounidense, fundado por John McKeown y Scott M. Kalt.
La firma especializada en proyectos de desarrollo sostenible, infraestructura, energía y bienes raíces decidió apostar por Panamá y pese a los litigios legales que enfrenta por una solicitud de nulidad del estudio de impacto ambiental, ante la Corte Suprema de Justicia, continuan con los planes.
John McKeown, presidente de Ocean Pacific Investments (OPI), rompe el silencio y da una entrevista por primera vez a un medio panameño, al destacar por qué decidieron apostar por el desarrollo de Puerto Barú.
El empresario sostuvo que la estabilidad económica, el uso del dólar estadounidense y la seguridad jurídica fueron factores determinantes para planificar el desarrollo de Puerto Barú.
“Recomendaría que vengan. Panamá es increíble, hay mucho más que el Canal y existen oportunidades extraordinarias para invertir”, sostuvo.
McKeown explicó que uno de los principales objetivos de Puerto Barú es resolver una limitación logística que, a su juicio, ha frenado el crecimiento del sector agropecuario en el occidente del país.
“El problema que tiene Chiriquí es que no hay mecanismos para sacar los productos de la región”, indicó. Añadió que varias empresas ya han manifestado interés en expandir sus operaciones agrícolas en Panamá, pero requieren infraestructura portuaria para acceder a los mercados internacionales.
Señaló que el desarrollo del puerto también contempla una segunda fase orientada al turismo que incluye la construcción de una terminal para cruceros boutique, comercios y hoteles. “Queremos atraer esos cruceros pequeños y que sus pasajeros puedan visitar David, tomar café en Boquete y conocer Chiriquí. Esperamos capturar ese mercado y generar nuevas oportunidades para la provincia”, expresó.
Sin embargo, el proyecto enfrenta procesos judiciales relacionados con la Resolución No. 003-2024, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III.
El fondo de inversiones OPI participa como tercero interesado en la demanda contencioso-administrativa presentada contra esa resolución y reconoce que el escenario legal ha obligado a ajustar el cronograma del proyecto.
“Mantenemos plena confianza en la solidez del proceso, porque durante la elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental actuamos con estricto apego a la legislación panameña y cumplimos cada uno de los requisitos establecidos por las autoridades competentes”, sostuvo la empresa al ser consultados por La Prensa.
La compañía admitió que los procesos legales han generado incertidumbre entre algunos inversionistas y socios estratégicos internacionales, quienes han preferido aplazar decisiones de inversión hasta contar con mayor certeza regulatoria. “Hemos ajustado el cronograma de ejecución del proyecto para responder de manera responsable a esta coyuntura, siempre en estricto cumplimiento de la legislación panameña”, indicó la empresa.
Sobre el proceso que analiza la Corte Suprema de Justicia, OPI evitó pronunciarse sobre el eventual fallo, aunque destacó que la Procuraduría de la Administración recomendó declarar “no ilegal” la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.
“Respetamos plenamente la independencia de la Corte Suprema de Justicia”, señaló la empresa, al tiempo que reiteró que seguirá colaborando con las autoridades y respetando las decisiones institucionales.
En paralelo, el Ministerio de Ambiente realiza una reevaluación técnica del proyecto tras observaciones formuladas por la Unesco sobre posibles impactos al Parque Nacional Coiba. La empresa aseguró que mantiene una colaboración permanente con las autoridades y que continuará suministrando toda la información técnica requerida para el proceso.
Pese a este escenario, McKeown se mostró optimista. “Esto se va a construir. Necesitamos resolver los problemas legales que han sido el desafío, pero no me voy a ir a ningún lado”, afirmó. “Puerto Barú es una inversión de largo plazo y seguimos convencidos de que contribuirá a fortalecer la competitividad logística de Panamá y el desarrollo del occidente del país y la generación de empleo”.
