De a poco, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) va reuniendo las pruebas que necesita para decidir si es válido el acto administrativo que puso fin al contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Tocumen o si el retraso en el proyecto no es responsabilidad de la empresa brasileña Odebrecht.
Luego de resolver una serie de recursos presentados por Odebrecht en los que pretendía que el proceso fuera trasladado a la esfera arbitral (una intención que fue rechazada por el TACP), este colegiado solicitó una serie de pruebas a cada parte para validar los argumentos presentados desde que inició el proceso en esta instancia, hace ya un año.
El primero en atender el llamado del tribunal fue Tocumen, que asegura que los daños en el asfalto impiden utilizar cuatro calles de rodaje de la nueva terminal de pasajeros, la cual opera desde el miércoles 22 de junio pasado, con sus 20 puertas de embarque y mostradores para hacer el registro de salida y entrada de pasajeros.
Sumado a los daños en las calles de rodaje, Tocumen indica que el edificio de 116 mil metros cuadrados continúa con filtraciones en el techo y deficiencias en el sistema de enfriamiento de la terminal ante la falta del balance final de los equipos. Tampoco se cuenta con la integración total del sistema de contraincendios y de la plataforma que controla todos los equipos instalados en la terminal.
El 28 de septiembre de 2021, faltando dos días para que venciera el plazo acordado en la octava adenda del contrato, la administración del aeropuerto tomó la decisión de anular administrativamente el contrato firmado en 2012.
Según la última inspección realizada ante de la anulación del contrato, a Odebrecht le faltaba por completar 640 trabajos pendientes, situación que le impediría cumplir con la última extensión de tiempo.
En febrero de 2020 cuando el aeropuerto firmó la entrega sustancial del proyecto, se identificaron más de 10 mil trabajos pendientes, reparaciones que debían ser solucionados en un plazo de 4 meses. Sin embargo, debido a las restricciones de movilidad aplicadas durante la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19), el plazo se extendió hasta el 30 de septiembre de 2021.
En el informe de pruebas entregado al Tribunal Administrativo, Tocumen sostiene que 13 meses después de emitida la anulación de contrato, la empresa brasileña solo ha completado el 32% de los trabajos pendientes, quedando por atender 318.
“Todo lo anterior, unido a una serie de daños, deficiencias o trabajos pendientes, no hacían posible la puesta en operación de la Terminal 2 y su apertura, con toda la serie de temas pendientes, ha sido necesaria para poder hacer frente a la demanda existente y a los compromisos que, desde el punto de visto aeronáutico y comercial, tenía el aeropuerto con sus concesionarios”, expresó el aeropuerto en un informe.
En la solicitud enviada a Odebrecht, el Tribunal pide al contratista que demuestre qué factores fuera de su responsabilidad le impidieron culminar la obra en el tiempo acordado, como posibles incumplimientos en el pago de parte de Tocumen, retrasos provocados por otros contratistas del aeropuerto o afectaciones derivadas de la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19).
Voceros del aeropuerto han señalado que Odebrecht ha recibido pagos por 910 millones de dólares y quedan 7 millones de dólares pendientes, monto que corresponde a las retenciones establecidas en el contrato y al valor de los trabajos no realizados.
Los voceros agregan que en la adenda 7 se contemplaron los retrasos provocados por las restricciones de movilidad implementadas durante los dos primeros años de la pandemia respiratoria.
En su solicitud de apelación, el contratista sostiene que la pandemia afectó la logística para obtener los materiales para culminar los trabajos pendientes y también denuncia retrasos en los pagos de parte de Tocumen.
Audiencia
Además de solicitar la presentación de pruebas, el TACP pidió a las partes que designaran a dos peritos cada una, para realizar inspecciones en el proyecto.
Luego de conocerse los nombres de los peritos, la empresa brasileña impugnó las dos designaciones hechas por Tocumen, que presentó al ingeniero José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y a José Hidrogo.
En opinión de Odebrecht, Hidrogo e Icaza están impedidos de participar en el proceso que adelanta el TACP, porque ya han expresado su opinión sobre el origen de los hechos que llevaron al aeropuerto a dictaminar la anulación del contrato.
Para validar o desechar la oposición de la empresa brasileña, el TACP realizó audiencias por separado a cada perito, los cuales manifestaron que no emitieron opinión sobre la construcción de la nueva terminal antes que Tocumen anulara el contrato y que tampoco han trabajado para el aeropuerto.
