La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), a través de la dirección de inversiones turísticas, canceló la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de la empresa DB Hotel & Residences, S.A., promotora del proyecto hotelero Ritz Carlton Reserve Pearl Island, que se planeaba desarrollar en la isla Pedro González, archipiélago de Las Perlas.
La empresa, parte del grupo empresarial de la familia Eleta, había registrado en 2021 una criticada emisión de acciones comunes hasta por $232 millones, autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con la finalidad de financiar la construcción del complejo de lujo.
Sin embargo, tras la derogación de la Ley 122 de 2019 y la Ley 314 de 2022, que otorgaba amplios beneficios en créditos fiscales a obras e infraestructuras turísticas, la sociedad solicitó cancelar la inscripción, alegando la imposibilidad de mantener el financiamiento sin esta especie de subsidio público.
Amparado en estas disposiciones, el Estado asumía en la práctica la totalidad de los costos de un proyecto privado, en caso de que el inversionista lograra utilizar en primera instancia el 100% del crédito otorgado conforme al procedimiento establecido por la ley. Posteriormente el beneficio se redujo al 60%.
El sacrificio fiscal y la conveniencia o no que ello implicaba para el país, además del poder de fiscalización del Estado para evitar el abuso de la norma y una posible defraudación fiscal en términos generales, generó críticas y dudas sobre la efectividad de la norma.
En el caso de DB Hotel & Residences, S.A., promotora del proyecto hotelero Ritz Carlton Reserve Pearl Island, la cancelación fue emitida desde el 11 de abril de 2025, mediante la resolución número 040. Han pasado ya cinco meses, pero la información sale a relucir a raíz de que otro proyecto del grupo empresarial Eleta, Pearl Island Fishing Lodge, Inc. quedó sin el registro turístico el pasado lunes 29 de septiembre.
De acuerdo con la resolución publicada en Gaceta Oficial en abril, para el proyecto de DB Hotel & Residences, S.A., la SMV había autorizado la oferta pública de los instrumentos para financiar el proyecto del hotel Ritz Carlton; pero en 2023 se ordenó la terminación de la emisión.
Posteriormente, la ATP verificó mediante inspección técnica realizada en septiembre de 2024 que en el sitio no existía construcción alguna.
El informe de la Dirección de Inversiones Turísticas también señaló que DB Hotel & Residences nunca hizo uso de los incentivos fiscales otorgados, entre ellos exoneraciones de impuestos, y que la fianza de cumplimiento presentada había vencido en junio de 2024.
Con esta decisión, la ATP dejó sin efecto la resolución que autorizaba la inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Turismo, y ordenó notificar a la Dirección General de Ingresos, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad Nacional de Aduanas para que no se haga efectivo ningún crédito fiscal.
Este es el segundo proyecto turístico en Isla Pedro González que queda cancelado este año por la pérdida de los beneficios fiscales.
En mayo, Pearl Island Fishing Lodge, Inc. desistió de la construcción del hotel The Viking Enclave, con una inversión estimada de $29 millones, alegando la derogación de la Ley 122 y la falta de financiamiento internacional.
Se conoció que aparentemente el Grupo Eleta trabaja para reactivar estos proyectos, pero con inversión netamente privada y sin incentivos fiscales o créditos fiscales gubernamentales.
“Sin los incentivos fiscales no hay interés de inversionistas de venir a Panamá. El Grupo sigue buscando oportunidades para desarrollar el turismo y generar empleos y oportunidades”, precisaron fuentes del sector turístico.
Fuentes de la empresa indicaron que Pearl Island tomó la decisión hace ya varios meses de seguir avanzando en su proyectos hoteleros pero sin utilizar el incentivo de atracción de inversionistas de la Ley 122. Actualmente en Pedro González el grupo de Pearl Island mantiene una marina.
¿Qué pasó con la ley de los incentivos con créditos fiscales para el turismo?
La Ley 122 de 2019 y posteriormente el decreto 364 que reglamentó la ley 122 y la Ley 314 de 2022 contemplaban incentivos a través de créditos fiscales para el turismo con dinero del Estado. Estas dos leyes fueron demandas por inconstitucionalidad. La ley estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 pero posterior a esa fecha no se podían dar incentivos de este tipo. Solo se reconocían los otorgados antes de la demadna presentada en 2023.
Lea más sobre la demanda en este artículo: El fallo que pudo parar la fiesta de los créditos fiscales
En su momento estas leyes generaron reclamos ciudadanos, de gremios empresariales y del propio sector hotelero. El entonces presidente Laurentino Cortizo prometió derogarla -y la derogó-, pero terminó sancionando el mismo proyecto en julio del 2023.
Crédito Fiscal: Originalmente, los inversores podían obtener un crédito fiscal del 100% sobre las inversiones realizadas en instrumentos financieros de empresas turísticas. Sin embargo, posteriormente, entre mayo y junio de 2022, se modificó la ley 122 para reducir de 100% a 60% el beneficio del crédito fiscal del valor total del proyecto (excluyendo el valor de la finca y la infraestructura), más un 5% del valor de la infraestructura del Plan Maestro.
Inversiones Calificadas: La ley aplicaba a inversiones en proyectos nuevos o ampliaciones de proyectos existentes y se limitaba a los destinos o áreas de interés turístico, fuera del distrito de Panamá.
Beneficiarios: Tanto personas naturales como jurídicas podían acceder a los beneficios, siempre que no estén vinculadas directamente con la empresa turística que emite el instrumento financiero.
En 2022, según una investigación del diario La Prensa, se habían aprobado incentivos para 39 proyectos, para construir hoteles por un total de $2,967 millones.
Lea: Incentivos turísticos: una marea de millones avivada por promesas dudosas
Aunque no hay información reciente sobre qué cantidad de proyectos han sido avalados en este gobierno, las ultimas cifras de la Dirección General de Ingresos proporcionadas a La Prensa en febrero de 2024, daban cuenta de que se habían reconocido 32.4 millones de dólares en incentivos para tres proyectos que fueron aprobados en gobiernos anteriores.
