Panamá enfrenta importantes retos en materia de infraestructura, logística y servicios públicos, en un contexto de restricciones fiscales y presión sobre la inversión estatal. Frente a ese escenario, las Asociaciones Público-Privadas (APP) se vislumbra como una herramienta estratégica para atraer capital privado, compartir riesgos y garantizar sostenibilidad en proyectos de largo plazo.
Durante el conversatorio Café con La Prensa, especialistas del sector público y privado coincidieron en que el modelo no solo permite cerrar brechas de inversión, sino que también fortalece la institucionalidad y la transparencia.
La secretaria nacional de Asociaciones Público-Privadas, Ana Julia Carreira, recordó que los organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han advertido sobre las altas necesidades de inversión en infraestructura que enfrenta la región para sostener el crecimiento y mejorar la competitividad.
El BID estima que Panamá necesitará invertir de aquí al 2030 más de 19 mil millones de dólares, de los cuales 12 mil 323 millones de dólares serán en infraestructura nueva y 6 mil 688 millones de dólares en mantenimiento.
Carreira subrayó que el modelo APP no implica desorden fiscal ni compromisos ocultos.
“No se puede comprometer más allá del 30% del presupuesto de inversión de la entidad pública contratante”, explicó, al detallar los límites establecidos por la Ley 93. Además, enfatizó que “no se puede perfeccionar ningún pago que no esté incluido en el presupuesto” y que las obligaciones derivadas de estos contratos están contempladas en la programación financiera multianual del Estado.
Sobre el impacto en el empleo, la funcionaria destacó que el portafolio estructurado bajo esta modalidad “tiene hasta este momento 10 mil puestos de empleo directos”, y afirmó que la meta es facilitar la inversión privada como motor de generación de trabajo y desarrollo social.
Desde el sector privado y el análisis especializado, Carlos Sánchez, socio de asesoría en infraestructura para Centroamérica y la Región Andina en Deloitte, sostuvo que el éxito de las APP descansa en la solidez institucional. “Dos cosas evitan que un proyecto se paralice: un sistema institucional robusto y buenos mecanismos de resolución de controversias”, indicó.
Sánchez defendió la transparencia del modelo panameño, al asegurar que “es uno de los sistemas más transparentes de Latinoamérica”, ya que permite dar seguimiento al proceso desde su inicio.
No obstante, fue enfático en aclarar que el objetivo de las APP no es suplir la falta de liquidez estatal. “No es buena práctica hacer APP porque no hay plata. Uno no hace APP porque no hay plata; ese no es el corazón”, afirmó. A su juicio, el eje central del modelo es la gestión eficiente del activo y la prestación sostenida del servicio en el tiempo.
Por su parte, Gabriel Silva, consultor y abogado en LOVILL, abordó los aspectos jurídicos y de gobernanza. Recordó que estos contratos, como cualquier acto público, pueden ser objeto de demandas, pero cuentan con estructuras diseñadas para mitigar riesgos.
“Las APP no son inmunes a una demanda de constitucionalidad, como cualquier otro contrato público”, explicó, aunque añadió que el modelo incorpora “una estructura de gobernanza muy bien establecida que ayuda a reducir riesgos”.
Silva también resaltó que la legislación panameña eleva los estándares de transparencia. “No solamente es público el contrato, es público todo el proceso”, señaló, al mencionar que la información sobre adjudicaciones, ofertas y evaluaciones está disponible para consulta.
En cuanto a los sectores sensibles, precisó que el esquema permite la participación privada en el financiamiento, construcción y mantenimiento de infraestructura en áreas como salud o educación, pero no delega la prestación esencial del servicio. “El privado puede financiar, construir y mantener, pero no operar el servicio que es privativo del Estado”, puntualizó.
Los panelistas coincidieron en que Panamá cuenta con ventajas competitivas que fortalecen la confianza inversionista, entre ellas el grado de inversión y la dolarización de su economía. “Los inversionistas no tienen riesgo cambiario cuando vienen a Panamá”, destacó Carreira.
Proyectos en ejecución
El portafolio de proyectos bajo el modelo de Asociaciones Público Privadas en transporte concentra en este momento la rehabilitación, mantenimiento y operación de la Panamericana Este (282 millones de dólares), Panamericana Oeste (455 millones de dólares) y Autopista Centenario (382 millones), transfiriendo al privado los riesgos de construcción y financiamiento.
En total, 438, de los 750 kilómetros de la Panamericana están bajo esta modalidad, incluyendo 149 puentes, paradas, drenajes, aceras y bahías, con pagos condicionados a disponibilidad y cumplimiento de indicadores.
En la Panamericana Este —primer proyecto adjudicado— se estructuró un financiamiento sindicado internacional por más de 260 millones de dólares, con 95 millones de dólares en aportes de capital al cierre de diciembre. La Autopista Centenario incorporará carriles con peaje y pago por disponibilidad.
A este portafolio se suman nuevos proyectos: el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad (Ministerio de Gobierno), iniciativas agroindustriales del Instituto de Mercadeo Agropecuario, y propuestas en evaluación como la cuarta línea de transmisión, infraestructura educativa y deportiva, y posibles esquemas en el Metro de Panamá.
El objetivo, según Carreira, es asegurar mantenimiento a largo plazo, sostenibilidad financiera y generación de empleo fuera del eje canalero.
Las APP son una herramienta técnica que, bien estructurada, permite compartir riesgos entre el Estado y el sector privado, mejorar la calidad de los servicios y atraer capital para proyectos estratégicos. Esta fue la voz unísona del Café con La Prensa.
