La posible adhesión de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reabrió el debate sobre las reformas estructurales, la competitividad y el impacto de las listas discriminatorias internacionales sobre la economía panameña.
Durante las VI Jornadas de Precios de Transferencia, expertos nacionales e internacionales coincidieron en que el ingreso al organismo no garantiza automáticamente mejoras para el país y advirtieron que el proceso requerirá cambios institucionales, mayor transparencia y una estrategia alineada con los intereses nacionales.
En el panel “Panamá ante el espejo de la OCDE”, moderado por José Luis Galíndez, presidente de la International Fiscal Association en Panamá (IFA Panamá), con la participación de los especialistas Marco Fernández, Ubaldo González (BID), José Andrés Romero y Laura Sanint (Colombia), los panelistas coincidieron en que la entrada de Panamá en la OCDE debe entenderse no solo desde la óptica tributaria.
José Andrés Romero señaló que la entrada de Panamá en la OCDE no es un cheque en blanco y hay que verlo con mucha crítica. “No se trata de ingresar a un club de prestigio, tampoco de rechazar el proceso por temor a perder identidad. Debemos preguntarnos si ese acercamiento puede ayudarnos a construir un país más competitivo, confiable y con mejores oportunidades”, resaltó.
Añadió que la OCDE puede ser útil como metodología.” Puede ayudarnos a medirnos mejor, compararnos con otros países, identificar brechas y ordenar prioridades. Pero la OCDE no reemplaza la voluntad política ni la capacidad nacional de ejecución”.
Por su parte, el economista Marco Fernández sostuvo que Panamá posee una “institucionalidad dual”, con estructuras sólidas como la dolarización y el Canal de Panamá, pero también con debilidades en áreas coyunturales. “No estoy de acuerdo con que nos califiquen como un país con instituciones débiles”, expresó.
Considera que el Gobierno debería usar la OCDE como palanca para las reformas que requiere el país. “Tenemos un tremendo miedo a reformar porque la economía política de la reforma tropieza con grupos muy poderosos que se oponen a ella”.
Desde el ámbito internacional, Ubaldo González, experto tributario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aclaró que la lista gris y negra responde principalmente a criterios de la Unión Europea y no directamente de la OCDE. Dijo que Panamá enfrenta actualmente un importante costo de oportunidad por permanecer en listas discriminatorias, debido a la pérdida potencial de inversiones internacionales y oportunidades de negocios.
González señaló que el proyecto de Ley que reforma el código fiscal para introducir el concepto de Sustancia Económica, que se discute en la Asamblea Nacional, busca alinear la política tributaria panameña con las exigencias europeas.
Laura Sanint, experta colombiana en tributación internacional, compartió la experiencia de su país en el proceso de adhesión a la OCDE, iniciado en 2011 y culminado formalmente en 2020, aunque con ajustes regulatorios que continuaron hasta 2022.
Recomendó que Panamá avance hacia estándares internacionales sin perder de vista sus propios intereses económicos y fiscales. “Panamá debe tener claro un norte específico y un plan fiscal alineado a lo que le conviene al país”, indicó.
Por su parte, José Luis Galíndez resaltó que Panamá ha tomado una hoja de ruta correcta para incorporarse a la OCDE, lo que fortalecerá al país en temas como la institucionalidad, la gobernabilidad y mejores prácticas. “Con la adopción de esas políticas, Panamá consolidará su desarrollo económico y permitirá una mejor calidad de vida para los ciudadanos y una mejor democracia”.
Galíndez añadió que Panamá está iniciando su proceso de adhesión a la OCDE, lo que lleva su tiempo. El lapso de ingreso está condicionado por la revisión técnica que la organización realiza en temas de legislación y las prácticas nacionales.
