La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) espera que el país pueda recuperar la tarjeta verde de la Unión Europea (UE) durante el primer semestre de 2026, al concluir las últimas fases de adecuación y control que exige el bloque comunitario para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El administrador de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, señaló que Panamá mantiene actualmente la tarjeta amarilla, pero ha avanzado de forma significativa en el cumplimiento de los estándares europeos.
“Estamos concluyendo una de las últimas fases, principalmente relacionadas con los controles a nuestras exportaciones”, explicó a La Prensa.
Detalló que entre las acciones que adelanta la institución destaca la implementación de un sistema de trazabilidad pesquera, un software que permitirá monitorear toda la cadena de valor, “desde el zarpe de la embarcación hasta la exportación del producto”, mediante el uso de códigos de barras y QR.
“Con este estándar podremos garantizar la trazabilidad del producto pesquero y tener acceso pleno al mercado europeo, que representa más de 400 millones de consumidores”, afirmó Carrasquilla.
El funcionario detalló que el nuevo sistema será implementado en el primer semestre de 2026, junto con la adquisición de nuevas embarcaciones patrulleras para reforzar la fiscalización en aguas nacionales y la incorporación de inspectores de pesca para fortalecer los controles en las exportaciones.
“Somos positivos de que, una vez cumplidas estas metas, Panamá estará lista para recibir la auditoría de la Unión Europea y obtener la tarjeta verde”, aseguró.
En octubre pasado, una delegación panameña encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, y el propio Carrasquilla presentó en Bruselas los avances del país ante la Comisión Europea, en un encuentro con el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis.
Durante la reunión, Panamá expuso las reformas emprendidas para reforzar la fiscalización, el control y las sanciones en el sector pesquero, en el marco del diálogo técnico con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE).
“Panamá no va a dar margen a quienes violen la ley”, subrayó Carrasquilla, quien recalcó que el país busca demostrar su capacidad real para hacer cumplir las normas y garantizar un manejo pesquero transparente ante sus socios comerciales.
Según la ARAP, esta estrategia responde no solo a compromisos internacionales, sino también a la necesidad de proteger los recursos marinos del país y asegurar condiciones equitativas para el sector formal.
