Panamá contrata nueva firma para el arbitraje contra Sacyr

Se trata de la firma de abogados estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, que representará a Panamá en el caso contra la empresa Sacyr, relacionado a la ampliación del Canal de Panamá.

Panamá contrata nueva firma para el arbitraje contra Sacyr
Vista del Consejo de Gabinete de este martes 15 de julio. Cortesía.

La firma estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer LLP será la encargada de representar a Panamá en el arbitraje internacional contra la empresa Sacyr S.A.

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Gobierno aprueba la terminación de contrato con firma legal en arbitraje contra Sacyr

Así lo aprobó el Consejo de Gabinete en la sesión de este martes 15 de julio de 2025.

Dicha contratación fue efectuada mediante procedimiento excepcional y tendrá una suma máxima de $6.5 millones, según informó Presidencia.

El reclamo de Sacyr S.A. contra el Estado panameño supera los 2 mil millones de dólares y se enmarca en un proceso iniciado bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Panamá contrata nueva firma para el arbitraje contra Sacyr
Nuevas esclusas del Canal de Panamá ampliado en 2016. Archivo.

La empresa alega presuntos sobrecostos durante la construcción de la ampliación del Canal de Panamá, concluida en el año 2016.

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El pasado 11 de febrero de 2025, el Consejo de Gabinete había autorizado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a finalizar unilateralmente un contrato de servicios legales con la firma Foley Hoag LLP, por un monto de $4.9 millones, que representó al Estado panameño en el proceso contra Sacyr S.A. hasta esa fecha.

Según el MEF, la representación de Foley Hoag en el proceso arbitral se extendió más allá del período presupuestario proyectado en la Cláusula Quinta del contrato, debido a cambios en el calendario procesal y ajustes realizados por las partes.

Sin embargo, la contratación con Foley Hoag LLP solo contemplaba un presupuesto máximo para cada fase del arbitraje, sin prever una posible extensión del proceso. Esto generó una insuficiencia de fondos para cubrir honorarios en los periodos fiscales posteriores, informó el Ministerio de la Presidencia.


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