Panamá será evaluado sobre la efectividad de las medidas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, además de temas de transparancia y medidas tanto a sujetos financieros como no financieros, en la Quinta Ronda del GAFI, el Grupo de Acción Financiera.
La evaluación de Panamá comenzará en agosto de 2027 y la discusión y aprobación del informe está programada para diciembre de 2028, según el calendario presentado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Esto supone un proceso de alrededor de 16 meses entre el inicio formal de la evaluación y la discusión y aprobación del informe, periodo durante el cual Panamá deberá entregar información, demostrar los resultados de su sistema de prevención y enfrentar una visita de los evaluadores.
El cronograma fue explicado por Guillermo Hernández Rodríguez, experto técnico de la Secretaría Ejecutiva del Gafilat, durante su exposición Quinta Ronda de Evaluación del GAFI 2027: Lo que Panamá debe demostrar y el rol de los Sujetos Obligados no Financieros.
Hernández señaló que, en términos generales, la quinta ronda contempla un proceso más extenso que el aplicado anteriormente.
“Actualmente estamos hablando de un proceso de aproximadamente 18 meses. Hay un involucramiento más temprano entre el equipo evaluador y el país evaluado”, explicó.
¿Qué ocurrirá antes del informe de diciembre de 2028?
El procedimiento comenzará con una visita de alto nivel, en la que representantes de GAFILAT se reunirán con las autoridades del país para explicar el procedimiento y las implicaciones de la evaluación. También se entregarán los formatos necesarios para iniciar formalmente el intercambio de información.
Panamá deberá pasar además por dos procesos de capacitación: uno de carácter estratégico y otro dirigido específicamente a la preparación de los formatos y la presentación de la información que será examinada.
“Uno de los problemas que tenían los países no era necesariamente la falta de información, sino cómo proporcionar información de una manera en la cual llegara el mensaje de manera clara y efectiva al equipo evaluador”, afirmó.
Posteriormente, Panamá deberá proporcionar información sobre cumplimiento técnico y efectividad. A partir de esos datos, los evaluadores prepararán hallazgos preliminares y el país podrá aportar información adicional, aclaraciones y precisiones antes de que avance el proceso.
Otro punto del cronograma será la visita in situ, cuando el equipo evaluador se trasladará al país durante aproximadamente dos semanas para reunirse con autoridades, representantes del sector privado y otros actores vinculados al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Durante esas dos semanas, explicó, los evaluadores buscarán comprender directamente cómo funciona el sistema panameño y contrastar la información presentada previamente por el país.
Terminada la visita, comenzará la preparación del informe. Se elaborarán tres borradores, que serán intercambiados con Panamá para aclarar aspectos que el país considere que no reflejan correctamente su realidad. El proceso incluye además revisiones externas para verificar que la metodología haya sido aplicada de manera consistente.
Según el calendario presentado, todo este proceso deberá conducir a la discusión y aprobación del informe de Panamá en diciembre de 2028.
Después de su aprobación, el documento pasará por una revisión de calidad y consistencia dentro de la red global antes de su publicación.
¿Qué cambia en la quinta ronda?
La quinta ronda tendrá una diferencia importante respecto de procesos anteriores: el foco estará principalmente en la efectividad.
“Actualmente va a ser un mucho mayor [enfoque] a la efectividad. Asimismo, vamos a estar analizando de manera mucho más específica el riesgo, el contexto y la materialidad que tiene el país”, explicó Hernández.
El cumplimiento técnico seguirá siendo evaluado, pero aquellos aspectos normativos o legales que no hayan sufrido modificaciones no necesariamente serán examinados nuevamente con la misma profundidad. El objetivo es destinar más tiempo a establecer “hasta qué punto se están llegando a resultados”.
La quinta ronda también modifica la forma en que serán examinados los sujetos obligados no financieros.
Entre los problemas identificados durante la cuarta ronda a escala internacional figuran deficiencias en la cobertura de algunos sujetos obligados, supervisiones todavía incipientes o que no estaban suficientemente basadas en riesgo y problemas con la calidad de los reportes de operaciones sospechosas.
Avances del registro
La Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) reportó avances en el registro, capacitación y supervisión de los sectores bajo su fiscalización, en momentos en que Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluación mutua.
La superintendente Isabel Fernández señaló que la institución alcanza un 92% de cumplimiento en el registro de único de beneficiarios finales, como parte de la regulación de los sujetos obligados no financieros.
De acuerdo con el tablero de indicadores de la SSNF, con datos al 31 de agosto de 2026, se contabilizan 13,167 sujetos obligados registrados.
Fernández destacó la respuesta que está teniendo el sector ante las exigencias en materia de prevención y cumplimiento. “La respuesta del sector demuestra un compromiso real con elevar sus estándares. Este Congreso es un espacio para actualizarse, compartir experiencias y avanzar hacia un sistema de cumplimiento más robusto y competitivo”, sostuvo.
En materia de fiscalización, la superintendencia registra 14,763 supervisiones acumuladas, de las cuales 2,013 corresponden a 2026.
Las cifras también muestran 124 sanciones impuestas de manera acumulada. De estas, 103, equivalentes al 83.06%, son pecuniarias, mientras que 21, o 16.94%, son disciplinarias.
