Panamá participa desde este 1 de junio en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el principal foro mundial sobre normas laborales, empleo, protección social y diálogo social, en un contexto marcado por cuestionamientos internacionales sobre la libertad sindical en el país y persistentes retos en materia de desempleo e informalidad.
La conferencia, que se desarrollará hasta el próximo 12 de junio en Ginebra, reúne a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los Estados miembros de la OIT para debatir temas vinculados al futuro del trabajo, la protección de los derechos laborales y las políticas de desarrollo social.
La delegación panameña está encabezada por el embajador Juan Alberto Castillero Correa, representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra. También participan funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y de la misión diplomática panameña en Suiza.
La participación de Panamá se produce un mes después de que el Comité de Libertad Sindical de la OIT divulgara su informe número 413, en el que manifestó preocupación por lo que calificó como “restricciones significativas y crecientes” a la actividad sindical en el país, particularmente contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
El documento recoge denuncias relacionadas con detenciones masivas de sindicalistas durante protestas, el cierre de cuentas bancarias del sindicato y de su cooperativa, así como los procesos impulsados para su eventual disolución.
Dicho informe también solicitó información sobre las investigaciones vinculadas a las muertes registradas durante las protestas de noviembre de 2023 contra el contrato minero que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Entre sus observaciones, el comité recordó que la disolución de organizaciones sindicales debe ser una medida excepcional y resultado de una decisión judicial que garantice plenamente el derecho a la defensa.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha sostenido que las acciones emprendidas contra dirigentes y estructuras vinculadas al Suntracs respondieron a investigaciones judiciales y administrativas relacionadas con presuntos delitos y no a actividades sindicales. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, defendió la demanda para la disolución del sindicato, argumentando que se sustentaba en análisis técnicos y jurídicos realizados.
El desafío del empleo
Más allá de la controversia sobre la libertad sindical, Panamá llega a la cita internacional enfrentando desafíos estructurales en su mercado laboral.
Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) reflejan que la tasa de desempleo alcanzó el 10.4% en septiembre de 2025.
A ello se suma una elevada informalidad laboral, con más de 784 mil personas que trabajan en actividades informales.
No obstante, el mercado laboral mostró algunas señales de recuperación. La población ocupada aumentó de 1.94 millones de personas en octubre de 2024 a 1.97 millones en septiembre de 2025.
Los servicios continúan siendo el principal motor del empleo en Panamá, concentrando más de 580 mil trabajadores, seguidos por actividades vinculadas al comercio, transporte, hoteles y restaurantes.
