Panamá mantiene abiertos 52 trámites para habilitar la exportación de alimentos hacia 21 mercados internacionales, en momentos en que el conflicto comercial con Costa Rica continúa afectando el intercambio en rubros sensibles y, mientras se busca una salida, el país avanza en la diversificación de destinos para sostener su oferta exportable.
Los procesos, gestionados por la Agencia Panameña de Alimentos (APA), abarcan rubros como carnes, lácteos, productos pesqueros y avícolas, algunos de los mismos sectores que han quedado atrapados en la paralización comercial con Costa Rica y que hoy empujan a las empresas a buscar salida en otros destinos.
El diferendo bilateral con Costa Rica, que se arrastra desde hace más de dos décadas y se intensificó entre 2019 y 2020, mantiene actualmente inhabilitadas al menos ocho plantas panameñas para exportar al mercado costarricense, mientras Panamá bloquea el ingreso de 26 plantas de ese país, principalmente de productos cárnicos y lácteos.
Entre las empresas panameñas afectadas figuran una planta de Manuel E. Melo S.A., tres plantas del Grupo Carnes de Coclé, dos del Grupo Mangravita, además de instalaciones de Nestlé y Productos Lácteos San Antonio (Prolacsa), compañías que durante años mantuvieron flujos comerciales regulares con Costa Rica.
Desde el sector industrial se advierte que la disputa no solo tiene un impacto comercial, sino también político. Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, ha señalado que el conflicto respondió a una relación comercial asimétrica, en la que Costa Rica exportaba significativamente más hacia Panamá sin otorgar condiciones equivalentes a los productos panameños.
A juicio del dirigente, la falta de avances llevó a un punto muerto que ahora obliga a ambos países a retomar el diálogo directo, especialmente ante el estancamiento del proceso en la Organización Mundial del Comercio, cuyo sistema de apelaciones permanece inoperante.
El fallo emitido en diciembre de 2024 por la OMC favoreció a Costa Rica al concluir que las restricciones panameñas no se sustentaban en criterios científicos suficientes, pero la posterior apelación presentada por Panamá quedó en un limbo jurídico al no existir jueces para resolverla.
Ese escenario ha incrementado la presión del sector privado para buscar una salida bilateral que permita destrabar el comercio, restablecer la confianza y evitar mayores pérdidas para productores, industriales y consumidores en ambos países.
Mientras tanto, Panamá ha optado por reforzar su estrategia de apertura de mercados. De los 52 trámites activos que gestiona la APA, 11 corresponden a productos cárnicos, 10 a lácteos, 13 a productos pesqueros, 17 a avícolas y uno a productos diversos, con gestiones ante 21 países.
De acuerdo con la información remitida por la APA a La Prensa, las habilitaciones se tramitan ante Argentina, Aruba, Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Singapur, Saint Maarten, Surinam y Uruguay.
Según el detalle oficial, 16 plantas panameñas ya han sido habilitadas en distintos mercados, mientras otras permanecen en etapas pendientes: solicitudes que avanzan en el país destino, empresas completando cuestionarios, exportadores esperando fecha de inspección in situ, o aguardando respuesta formal de las autoridades sanitarias extranjeras.
En este contexto, República Dominicana aparece como un mercado con interés comprobado por productos panameños, como se evidenció en una primera gira empresarial a la isla que dejó $13.2 millones en negocios. Sin embargo, la aprobación y habilitación de plantas exportadoras aún no se ha concluido en algunos casos y la demora burocrática podría afectar el ritmo de crecimiento del intercambio y, a futuro, la relación comercial si no se acelera el proceso.
La demora en permisos y validaciones se ha convertido en un factor que, en la práctica, reduce la capacidad de reacción del exportador panameño frente a oportunidades comerciales y demanda externa, especialmente cuando el mercado costarricense sigue parcialmente cerrado para ciertos rubros.
Desde el sector exportador, la presidenta de Apex Panamá, Bianca Morán, ha pedido acelerar los procesos de aprobación de permisos y habilitaciones sanitarias, al advertir que los retrasos burocráticos restan competitividad y elevan costos para las empresas que buscan colocar alimentos panameños en el exterior.
El conflicto con Costa Rica, por su duración y por el tipo de productos afectados, también ha evidenciado diferencias regulatorias persistentes entre ambos países, especialmente en materia sanitaria, un terreno donde históricamente se han acumulado tensiones y medidas cruzadas.
Desde el sector productivo se reconoce que la normalización del comercio con Costa Rica sigue siendo una prioridad, no solo por su cercanía geográfica, sino por las ventajas logísticas del transporte terrestre y la integración de cadenas regionales de valor.
Aun así, la estrategia oficial apunta a no depender de un solo mercado y a ampliar la presencia de alimentos panameños en otros países, mientras se intenta destrabar una relación comercial que hoy permanece marcada por la desconfianza y la falta de acuerdos concretos.
El reto para Panamá será avanzar en ambas vías: sostener el diálogo con Costa Rica para cerrar un conflicto que afecta a sectores clave, y al mismo tiempo acelerar los permisos y aprobaciones que hoy frenan la expansión exportadora en destinos como República Dominicana.
Hasta octubre de 2025, las exportaciones panameñas acumuladas sumaron $835 millones, un aumento cercano al 3.1% frente al mismo periodo de 2024 y el nivel más alto para los primeros diez meses del año en el rango 2010–2025. Entre los principales productos exportados destacaron camarones congelados, banano y aceite de palma en bruto, que en conjunto concentraron más de la mitad del valor total vendido al exterior.
