El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó con dureza este martes 17 de febrero tras confirmarse que Panamá se mantiene en la lista de jurisdicciones no cooperativas de la Unión Europea (UE) en materia fiscal, y anunció que su Gobierno “mantendrá” restricciones contra empresas europeas en los procesos de contratación pública.
A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que el país ya anticipaba que no saldría del listado en esta revisión y aseguró que la administración se enfocará en preparar el terreno para la próxima evaluación.
“Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades”, escribió Mulino.
Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) February 17, 2026
El pronunciamiento del presidente se dio luego de que se conociera que Panamá seguirá figurando en la denominada lista gris, actualizada cada seis meses por la UE y en la que se incluyen jurisdicciones señaladas por supuestas fallas en estándares de transparencia fiscal, justicia tributaria y cooperación internacional.
Hasta ahora no se ha podido confirmar desde cuándo es que se aplica el bloqueo a las empresas europeas en licitaciones públicas, aunque Mulino anunció esta medida desde 2024.
La UE incluyó este martes 17 de febrero a Vietnam y a las islas Turcos y Caicos en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque en materia tributaria, un listado en el que Panamá se mantiene a la espera de corregir observaciones relacionadas con exenciones fiscales y el intercambio de información.
En contraste, la actualización aprobada por los ministros de Economía y Finanzas de los 27 países miembros excluyó de la lista a Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago, tras concluir que cumplieron con los estándares internacionales establecidos, informó el Consejo de la UE.
Con estos cambios, la lista de jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales queda integrada por diez territorios: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Panamá, Rusia, Turcos y Caicos, Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu y Vietnam.
¿Por qué Panamá está en ese grupo?
La Unión Europea ha señalado que el sistema panameño es pernicioso debido a la exclusión incondicional de gravamen sobre las rentas pasivas de fuente extranjera.
Panamá ya había adelantado una propuesta para intentar salir del listado europeo, aunque esta todavía no se ha materializado.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una propuesta enfocada en reformar el Código Fiscal, específicamente en la regulación del impuesto sobre la renta, estableciendo requisitos de sustancia económica. Esto implica que las empresas multinacionales o subsidiarias que operen en el país demuestren que cuentan con empleados, oficinas y que generan realmente una actividad.
La modificación central consiste en la adición del artículo 694-A, que impone un gravamen excepcional a ciertas rentas pasivas de fuente extranjera, tales como dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital, obtenidas por entidades que forman parte de un grupo multinacional.
Para que estas rentas sigan sin ser gravadas, la entidad debe ser considerada “calificada”, lo que exige demostrar una sustancia económica adecuada en el territorio nacional.
Esto incluye la obligación de emplear recursos humanos calificados y remunerados, contar con instalaciones apropiadas, tomar decisiones estratégicas y asumir riesgos en el país, además de incurrir en costos y gastos operacionales adecuados en Panamá, respecto a cada activo generador de la renta.
La lista,en tanto, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios; y que además no dan pasos para atajar esos problemas.
