La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) canceló la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de la empresa Pearl Island Fishing Lodge, Inc., promotora del proyecto hotelero The Viking Enclave, que se planeaba construir en la isla Pedro González.
El complejo turístico había sido inscrito en junio de 2022, con una inversión declarada de $29.3 millones, lo que le permitía acceder a los incentivos fiscales contemplados por ley para el desarrollo de establecimientos de hospedaje público.
Sin embargo, en mayo de 2025 la sociedad presentó, a través de su apoderado legal, una solicitud de desistimiento y cancelación de la inscripción, alegando falta de financiamiento para continuar con la construcción debido a la “inestabilidad económica internacional” y la derogación de la Ley 122 de 2019 -que establecía incentivos turísticos mediante créditos fiscales-, que según la empresa, afectó la rentabilidad proyectada y la confianza de inversionistas y bancos.
The Viking Enclave, que de acuerdo al desarrollador se unía al lujoso proyecto inmobiliario Ritz Carlton Reserve, contemplaba la construcción de 26 condominios privados en 13 edificios “integrados en el paisaje natural”. Cada condominio medía 190 metros cuadrados e incluía tres dormitorios. El proyecto de lujo también consistía en la construcción de un muelle privado con 14 atracaderos, restaurante y spa.
Tras la solicitud Pearl Island, el Registro Nacional de Turismo realizó una inspección técnica al proyecto, cuyo informe, con fecha de 12 de mayo de 2025, concluyó que el sitio se encontraba en estado de abandono, a pesar de que la obra debía iniciar operaciones en junio de 2025.
La ATP confirmó que la empresa no utilizó los incentivos fiscales que le habían sido otorgados, entre ellos la exoneración del impuesto de inmuebles y el impuesto de importación, y que la fianza de cumplimiento había vencido en julio de 2025.
Mediante resolución administrativa, publicada en Gaceta Oficial el lunes 29 de septiembre, la Dirección de Inversiones Turísticas resolvió: aceptar el desistimiento de los incentivos fiscales otorgados, cancelar la inscripción de Pearl Island Fishing Lodge, Inc. en el Registro Nacional de Turismo y dejar sin efecto la Resolución N.°078/2022 que autorizaba la inscripción inicial.
La Ley 122 permitía que las personas jurídicas o naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas, reciban certificados de crédito fiscal del impuesto sobre la renta equivalente al 100% de las sumas invertidas en los proyectos fuera del distrito de Panamá.
Unos incentivos polémicos
La historia de los incentivos fiscales del sector turístico en Panamá es extensa y ha estado empañada de polémicas ante la crítica que ha sido usado en gobiernos como el pasado de Laurentino Cortizo, para devolver favores a donantes de la campaña electoral.
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En los últimos años, se aprobaron tres normas: la Ley 80 de 2012, posteriormente la Ley 122 de 2019, el decreto 364 que reglamentó la ley 122 y la Ley 314 de 2022.
Justamente, a través de las leyes 122 y 314 se le impone al Estado, es decir, a los ciudadanos, reembolsar a los inversionistas la totalidad del dinero que estos destinaban a infraestructuras turísticas fuera del distrito de Panamá.
Estas dos leyes fueron demandas por inconstitucionalidad. Abundaron reclamos ciudadanos, de gremios empresariales y del propio sector hotelero. El entonces presidente Laurentino Cortizo prometió derogarla -y la derogó-, pero terminó sancionando el mismo proyecto en julio del 2023.
¿Qué establece la Ley 122?
Crédito Fiscal: Originalmente, los inversores podían obtener un crédito fiscal del 100% sobre las inversiones realizadas en instrumentos financieros de empresas turísticas. Sin embargo, posteriormente, entre mayo y junio de 2022, se modificó la ley para reducir de 100% a 60% el beneficio del crédito fiscal del valor total del proyecto (excluyendo el valor de la finca y la infraestructura), más un 5% del valor de la infraestructura del Plan Maestro.
Inversiones Calificadas: La ley aplica a inversiones en proyectos nuevos o ampliaciones de proyectos existentes y se limita a los destinos o áreas de interés turístico, fuera del distrito de Panamá.
Beneficiarios: Tanto personas naturales como jurídicas pueden acceder a los beneficios, siempre que no estén vinculadas directamente con la empresa turística que emite el instrumento financiero.
Duración del Incentivo: El incentivo se extiendió hasta el 31 de diciembre de 2025.
Proyectos Priorizados: Se busca impulsar inversiones en áreas como marinas, muelles, aeropuertos, turismo médico, y actividades al aire libre.
En 2022, según una investigación del diario La Prensa, se habían aprobado incentivos para 39 proyectos, para construir hoteles por un total de $2,967 millones.
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Aunque no hay información reciente sobre qué cantidad de proyectos han sido avalados en este gobierno, las ultimas cifras de la Dirección General de Ingresos proporcionadas a La Prensa en febrero de 2024, daban cuenta de que se habían reconocido 32.4 millones de dólares en incentivos para tres proyectos.
