En una carta remitida al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) advirtió de los riesgos que entraña la aplicación de una moratoria por ley para préstamos comerciales y de consumo hasta el próximo 31 de diciembre.
En la misiva, fechada el 1 de julio, el gremio señala que “el sector bancario es clave para la recuperación de esta crisis, por esta razón consideramos nuestra responsabilidad advertir sobre las consecuencias negativas para el país que tendrían varios proyectos de ley, particularmente el No. 287″, convertido a la postre en la Ley 156 de 2020, luego de la sanción presidencial.
Representantes de la industria han manifestado que la ley solamente considera medidas para los deudores, una de las partes de la cadena de intermediación que representa la actividad bancaria, pero no se ha tenido en cuenta a los depositantes. En ese sentido, la ABP recuerda a Castillero que “la confianza de 2.5 millones de ahorristas, nacionales e internacionales, y la capacidad de los bancos para ayudar a sostener a las empresas, y ayudar con créditos a la recuperación económica, se verán afectadas”.
En la medida que una moratoria reduzca más los ingresos de los bancos, ya de por sí afectados, estos utilizarán su liquidez disponible para cumplir con las obligaciones que tienen con depositantes y otros acreedores, limitando así su capacidad para prestar y participar en la reactivación de la economía, aseguran desde la industria.
Además, antes de la existencia de una ley, los bancos ya habían adoptado medidas de flexibilización de los préstamos para aliviar la carga financiera de sus clientes. En concreto, hasta la fecha se han modificado las condiciones de más de un millón de préstamos, con un saldo que supera los $27,200 millones, según las últimas cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Por otra parte, el gremio lamentó el tono empleado por algunos diputados durante la discusión del proyecto de ley de moratoria en la Asamblea. “Algunos diputados fueron decidida e indudablemente irrespetuosos en varias de sus expresiones sobre los bancos y por extensión sobre los 26,000 colaboradores que laboran en ellos. Inclusive se citaron datos o cifras significativamente erróneas, cuya enorme falta de veracidad nos hace dudar de las verdaderas intenciones de quienes las presentaron”, recoge la misiva.
