Perseguir la defraudación fiscal, reto para salir de la lista gris, advierte MP

Perseguir la defraudación fiscal, reto para salir de la lista gris, advierte MP
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En un informe sobre la gestión entre los años 2014 y 2019, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, destaca el avance de Panamá en la persecución del delito de blanqueo de capitales, el fortalecimiento de la estructura legal y la participación en las distintas evaluaciones del Grupo de Acción Financiera.

A pesar del progreso, Panamá fue incluido en la lista gris de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo en junio de 2019, principalmente por la falta de efectividad en el castigo del delito. El Gobierno se comprometió con el GAFI a ejecutar un plan de acción para fortalecer el sistema y mejorar la efectividad, con el objetivo de salir de la lista gris en un año.

En su informe, la procuradora reconoce que pese a los resultados positivos, “el gran reto que se presenta para el Ministerio Público (MP), de cara a mostrar avances tangibles para salir de la lista de países no cooperantes, es el inicio de casos por delitos de defraudación fiscal a partir de los informes de auditoría que deberán ser presentados por la Dirección General de Ingresos”.

La defraudación fiscal por encima de $300,000 en un año fue elevada en 2019 al Código Penal e incluida en la lista de delitos precedentes de blanqueo de capitales y, por lo tanto, acarrea penas de prisión.

El MP detalla que entre 2015 y 2019 se han efectuado 412 investigaciones por blanqueo de capitales por delitos distintos a los relacionados con drogas; se han emitido 64 sentencias condenatorias; y se han decomisado activos por $241.9 millones. Estas cifras compararían positivamente con 200 investigaciones, 23 sentencias y $3.9 millones decomisados entre 2012 y 2014, aunque este periodo de tiempo es más corto que el anterior.

Tras presentar su renuncia al cargo luego de la filtración de sus conversaciones con el presidente Juan Carlos Varela, Kenia Porcell cederá el testigo el próximo 2 de enero a Eduardo Ulloa, designado procurador general de la Nación por el presidente Laurentino Cortizo.


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