El rosario de quejas es el mismo: entidades que siempre piden más dinero del aprobado en sus próximos presupuestos. Es un guion ya conocido. En este caso, le tocó el turno a la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), que ha equiparado la falta de dinero para contratar personal transitorio con la inminente pérdida de exportar productos del mar a la Unión Europea (UE).
La mañana del martes 26 de agosto, el administrador general de la entidad, Eduardo Carrasquilla, advirtió ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que la falta de presupuesto compromete seriamente la posibilidad de que el país obtenga en 2026 la anhelada tarjeta verde de la Unión Europea, un estatus que abriría plenamente las exportaciones pesqueras hacia ese mercado y permitiría superar la actual condición de tarjeta amarilla.
Carrasquilla explicó que, pese a que la institución solicitó $17.2 millones para la vigencia fiscal 2026, solo fueron aprobados $11.4 millones, la misma cifra que en 2025.
Este presupuesto, señaló, apenas alcanzaría para cubrir los compromisos contractuales ya adquiridos, dejando fuera nuevas inversiones.
El administrador agregó que, sin recursos adicionales, la ARAP no podrá sostener a 123 funcionarios en planilla transitoria, entre ellos 71 inspectores de recursos acuáticos y 10 capturadores de datos, pieza clave en el monitoreo satelital y la lucha contra la pesca ilegal.
“Estos equipos son nuestra primera línea de defensa. Sin ellos, la meta de obtener la tarjeta verde es prácticamente imposible”, insistió Carrasquilla.
La diferencia entre lo solicitado y lo aprobado preliminarmente puede interpretarse dentro del plan de austeridad impulsado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
No obstante, este comportamiento presupuestario no es inusual: en la práctica, pocas instituciones reciben de entrada el monto total que demandan, y los ajustes suelen compensarse con asignaciones extraordinarias a lo largo del ejercicio fiscal.
Por ello, a final de cada año cuesta ver el prometido recorte de gastos del que tanto se habla.
Para Carrasquilla, en el caso de la ARAP se trata de algo serio, ya que la pesca ilegal es uno de los criterios más sensibles en la evaluación de la Unión Europea. Una incapacidad para demostrar controles efectivos podría sellar el destino del país hacia la tarjeta roja.
“El financiamiento es crítico; la reducción presupuestaria no solo pone en riesgo empleos y exportaciones, también expone al país a sanciones y al cierre de un mercado estratégico para nuestro desarrollo”, afirmó.
Las exportaciones
En los últimos dos años, la industria pesquera panameña se ha consolidado como el principal rubro de exportación del país, superando a sectores tradicionales.
En 2024 y 2025, los productos del mar —pescados, crustáceos y moluscos— representaron más del 21% de la oferta exportable nacional, con un crecimiento interanual de 11%.
Los principales destinos incluyen China, Taiwán, Estados Unidos y la Unión Europea, este último considerado estratégico por el volumen y el valor agregado de sus compras.
Solo el atún de bandera panameña genera más de $155 millones en exportaciones hacia Europa.
Una eventual tarjeta roja de la Unión Europea —que prohibiría completamente estas exportaciones— supondría pérdidas por $202.2 millones, impactando directamente en la cadena de producción y procesamiento industrial, que sostiene 80,000 empleos formales, además de los 20,688 pescadores artesanales.
Carrasquilla subrayó que el riesgo no es solo económico, sino también reputacional: “Una sanción de la Unión Europea sería un golpe catastrófico para nuestra imagen internacional y para la confianza en la flota pesquera y mercante panameña”.
