La tenencia, propiedad y titularidad de naves de la marina mercante bajo el registro de la bandera de Panamá corre riesgo con el actual proyecto de reforma del Código Fiscal que exige comprobar sustancia económica o presencia real en el país o de lo contrario tendrán que pagar una tasa de 15% por la renta pasiva que reciban de dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias.
Así lo advirtieron abogados especialistas en derecho marítimo e internacional, en la presentación de observaciones y recomendaciones de este proyecto de ley en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional que efectuó ayer su segundo día de consultas sobre la reforma presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Jazmina Rovi, expresidenta de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), advirtió que el proyecto de ley sobre sustancia económica está generando efectos negativos en la marina mercante panameña, incluso antes de ser aprobado.
“El solo hecho de que este proyecto se esté discutiendo para exigir sustancia económica a la marina mercante, está teniendo un efecto porque clientes que iban a abanderar sus buques en Panamá se están yendo a otros países ante el temor de tener que pagar un 15% de tasa o tener que instalar oficinas en el país lo cual no aplica para las operaciones de barcos”, dijo Rovi, quien llamó atención sobre el hecho de añadir incertidumbre legal a un sector sobre el cual pesan ya tensiones por problemas geopolíticos.
En tal sentido, Rovi sostuvo que se debe excluir a las sociedades propietarias de buques de esta ley, para proteger una de las principales fuentes de ingreso del país, que es el registro bajo la bandera panameña.
Jazmina Rovi, expresidenta de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, advierte que se debe excluir a la marina mercante de la ley de sustancia económica para evitar daños en el registro de buques bajo la bandera panameña.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/glda9bY0oi
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“La red de consulados de Panamá en el extranjero existe gracias a los ingresos que aporta la Marina Mercante de Panamá”, señaló. Añadió que la actividad marítima internacional es compatible con los estándares internacionales que exige la Unión Europea. “Se trata de preservar una fuente de ingreso de dinero fresco del extranjero por una actividad que es perfectamente legítima”, expresó.
La expresidenta de Apademar indicó que la propuesta de esta organización consiste en que “se coloque expresamente en la ley que la sociedad panameña propietaria de un buque y su actividad no está sujeta a los requisitos de sustancia económica”. También alertó que “sumar en este momento, además, el riesgo de tener que establecer oficinas en Panamá o pagar un 15% de penalidad, sencillamente nos borra del mapa de registro de barcos”.
Ramón Anzola, presidente de la Asociación de Abogados Internacionales, se unió a esta advertencia al indicar que “la OECD ha dicho en reiteradas ocasiones que la actividad de Marina Mercante es de bajo riesgo para evasión tributaria”.
Durante su participación en la Asamblea Nacional, Anzola explicó que las naves abanderadas en Panamá ya cumplen con el criterio de sustancia económica, ya que, “todo lo que opera dentro de la nave es territorio panameño”. Añadió que las tripulaciones, capitanes y personal que labora dentro de esas embarcaciones evidencian actividad real vinculada al país. “Claramente tiene sustancia, tiene sustancia de sobra”, remarcó.
Ramón Anzola, presidente de la Asociación de Abogados Internacionales, explica los cambios que debe hacerse al proyecto de ley de sustancia económica (reforma del Código Fiscal). Recomienda que se excluya la marina mercante
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Sobre el esquema de sanciones, el abogado consideró que la norma debe diferenciar entre incumplimientos parciales y completos, ya que como está actualmente “castiga por igual al que no cumple del todo con la norma como al que hizo un esfuerzo en cumplir”. A juicio de Anzola, la sanción debe ser proporcional.
El diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Finanzas, Eduardo Gaitán, destacó que hoy el sector privado expone sus propuestas para ajustar el proyecto de ley de sustancia económica. Señaló que existe consenso sobre la necesidad de la norma, mientras el debate se centra en… pic.twitter.com/7rBr2bXj2n
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Sobre las observaciones realizadas durante el segundo día de consultas al proyecto de ley, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, el diputado Eduardo Gaitán, manifestó que se tomarán en cuenta todas las propuestas y que la consulta estará abierta hasta este jueves 14 de mayo, a fin de comenzar el debate legislativo el lunes 18 de mayo.
Por su parte, Tony Roldán, presidente de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales en Panamá, Casem, defendió la aprobación de la ley de sustancia económica al considerar que es clave para mejorar la posición internacional del país y fortalecer la atracción de inversiones.
“Esto no es acerca de captar más impuestos, es acerca de transparencia”, afirmó. Añadió que la iniciativa responde a las exigencias internacionales en materia de institucionalidad y claridad financiera para que Panamá pueda integrarse de forma más efectiva al mercado global.
Roldán aseguró que el régimen de sedes de empresas multinacionales ya opera bajo criterios de sustancia económica y destacó el impacto de estas compañías en la economía panameña. “Estamos hablando ya de más de 190 empresas con más de 1,450 millones de dólares de inversión solamente en 2024”, indicó. También detalló que estas empresas generan “más de 12,000 empleos directos, la mayoría panameños, y más de 25,000 empleos indirectos”.
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A su juicio, no aprobar la ley podría afectar la confianza y los planes de expansión de multinacionales establecidas en el país. Es momento de acelerar la aprobación de la ley, indicó Roldán, para cumplir con los estándares internacionales y lograr que el país salga de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europa.
“Actualmente, la lista de paraísos fiscales nos genera una serie de cargas administrativas y costos adicionales”.
El diputado Eduardo Gaitán destacó que en el segundo día de consultas sobre el proyecto de ley de sustancia económica participaron contadores, gremios legales y la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, que advirtió posibles afectaciones al sector naviero.
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El diputado Gaitán indicó que la Autoridad Marítima de Panamá debería presentar sus observaciones sobre el impacto que tiene esta reforma del Código Fiscal para el registro de buques, y lamentó que se niegue a acudir a la Asamblea Nacional. “Las puertas siguen abiertas, ojalá vengan”, afirmó.
Para el análisis y las consultas, la comisión extendió 60 invitaciones y hasta este martes 12 de mayo se habían presentado 15 personas para dar a conocer su posición sobre la reforma.
El Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi) envió una carta a la comisión en la que propuso modificar el proyecto de ley número 641 para precisar definiciones clave relacionadas con la sustancia económica y evitar interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades.
Entre los cambios planteados se incluye aclarar el significado de términos como “actividad principal”, “entidad calificada”, “entidad no calificada” y “grupo multinacional”, con el objetivo de establecer con mayor claridad cuáles empresas deberán cumplir con los requisitos de reporte y sustancia económica en Panamá.
La organización también sostuvo que la futura ley no debe convertirse en un mecanismo de recaudación o sanción mediante multas, sino en una herramienta de transparencia y trazabilidad para entidades multinacionales que generan rentas pasivas de fuente extranjera. Según la propuesta, la intención debe ser garantizar el cumplimiento de estándares internacionales sin afectar la competitividad de Panamá como destino para la inversión y los servicios corporativos internacionales.
Cámara de Comercio analiza la propuesta
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, señaló que el gremio empresarial evalúa “detalladamente” el proyecto de reforma al Código Fiscal relacionado con la sustancia económica. Indicó que la iniciativa puede ser favorable para Panamá al contribuir a atraer mayor inversión extranjera, aunque advirtió que el principal reto será cumplir con las normas internacionales sin perder competitividad.
Barría Pino explicó que la Cámara ha sostenido reuniones internas con consultores, auditores, abogados y representantes de empresas multinacionales para analizar el impacto de la propuesta y que buscan presentar una propuesta “constructiva” ante la Asamblea Nacional.
