La empresa Panama Ports Company (PPC) informó este 13 de marzo que mantiene comunicaciones con proveedores luego de la decisión del Estado de tomar control de las terminales portuarias en Balboa y Cristóbal tras un fallo que declaró inconstitucional el contrato-ley que le otorgaba la operación de dos terminales de contenedores.
Según la compañía, el pasado 23 de febrero de 2026 el Estado “ordenó el cese de las operaciones portuarias” que realizaba la empresa, lo que —afirmó— tuvo un “impacto inmediato y permanente en sus actividades” y en las empresas proveedoras que mantenían contratos con la concesionaria.
PPC indicó que, a partir de esa fecha, quedaron terminados los arreglos y acuerdos que sostenía con sus proveedores, muchos de ellos compañías panameñas vinculadas a la operación logística de los puertos.
La empresa también sostuvo que las autoridades “ocuparon y tomaron control de las terminales, así como de personal, equipos y recursos de la compañía, incluyendo computadoras, sistemas y archivos”. De acuerdo con PPC, esta situación ha afectado los procesos comerciales y operativos tanto de la empresa como de las compañías proveedoras.
Señaló que el Estado comunicó que los acuerdos que mantenía PPC con los proveedores quedaron concluidos, sin que se haya precisado si esos servicios serán retomados por eventuales nuevos operadores designados para administrar las terminales.
Pese al escenario, la empresa indicó que continúa tratando de mantener la comunicación con distintos proveedores para coordinar asuntos pendientes derivados de la interrupción de las operaciones.
A partir 2015 se constituyeron las empresas Serviestiba, S.A. y Maniobras, Estiba Portuaria, S.A. y Dibusport, las cuales ofrecieron servicios de estiba, desestiba, conteo de contenedores y provisión de mano de obra portuaria en Balboa y Cristóbal.
El pasado jueves 5 de marzo de 2026, el presidente José Raúl Mulino dijo que quienes tengan contratos tercerizados por PPC deberán negociar una nueva realidad jurídica con los operadores portuarios que hoy administran Balboa y Cristóbal, no con el Gobierno.
“Todas esas empresas, llámense arrendadores dentro o fuera del puerto, amparados en la concesión de Panama Ports Company (PPC), tienen el mismo problema que PPC: se quedaron sin contrato”, indicó en su momento.
En abril de 2025, el contralor Anel Flores dijo que estas compañías eran responsables de “pérdidas millonarias” para el Estado. Según el funcionario, estas empresas no estarían pagando impuestos y el Estado no recibe ingresos por los servicios que prestan en terrenos y bienes que pertenecen a la Nación.
