PPC reclama por allanamiento

La fiscalía no precisó el presunto hecho ilícito, aunque se conoció que la diligencia se inició de oficio tras información sobre un supuesto ocultamiento de documentación vinculada a las operaciones portuarias.

PPC reclama por allanamiento
Diligencia de allanamiento en las oficinas de PPC, en Albrook, con personal del Ministerio Público, la AMP y la DIJ. LP/Anel Asprilla

La empresa Panama Ports Company (PPC) acusó al Estado panameño de la ocupación y toma de bienes, incluyendo información “legalmente” protegida, luego de que el Ministerio Público realizara, el 26 de febrero, una diligencia de allanamiento en oficinas ocupadas por la empresa en Albrook.

El allanamiento se registró tres días después de que la compañía fuera desalojada de los puertos de Balboa y Cristóbal, que operó en concesión durante casi 30 años.

Azael Samaniego, fiscal de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, no especificó cuál es el presunto “hecho ilícito” que motivó la diligencia. Sin embargo, se conoció que la acción fue iniciada de oficio, tras información que apuntaba a que la portuaria estaría ocultando documentación relacionada con las operaciones de Balboa y Cristóbal.

En un comunicado difundido este 27 de febrero, PPC sostuvo que durante la actuación se accedió a documentación propietaria y a material amparado por privilegio legal, recopilado en el contexto de procesos judiciales en curso, lo que —según la empresa— “evidencia que el Estado ha socavado el debido proceso como parte de la toma estatal”.

La empresa comunicó que solicitó al Estado establecer mecanismos de coordinación para el acceso, custodia y protección de su información privilegiada como empresa privada, incluyendo aquella que —según PPC— no guarda relación directa con la operación portuaria.

Ayer, pasadas las 9:00 p.m., los funcionarios de la fiscalía seguían retirando cajas repletas de documentos de las oficinas ocupadas por PPC.

Adjuntos

COMUNICADO DE PANAMA PORTS COMPANY.pdf

El fallo de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de 2026 declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, norma que había otorgado la concesión operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company.

Posteriormente, desde el lunes 23 de febrero, la operación de ambos puertos pasó a ser asumida por APM Terminals (filial de Maersk) y TIL Panamá, S.A., respectivamente, coincidiendo con la publicación en Gaceta Oficial del fallo que declaró inconstitucional la ley que sustentaba el contrato de concesión de PPC.


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