Cuatro meses han transcurrido desde que la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida para cancelar cuentas atrasadas a constructoras contratistas del Estado, por más de 150 millones de dólares, pero a la fecha, estos pagos no se han concretado.
Así lo informó Carlos Allen, durante el acto de toma de posesión como presidente reelecto de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), ayer miércoles.
“Aprobado dicho crédito extraordinario, no hemos concluido la tarea ni logrado que las cuentas por cobrar que se mantienen a favor de contratistas se paguen en el tiempo necesario”, indicó Allen durante su discurso.
El traslado de partida era para cubrir cuentas atrasadas de 2021, faltando por honrar por parte de las distintas entidades del Estado los compromisos financieros de 2022.
Para 2022 se estimó que el sector de la construcción creció entre un 10% y 12%, aportando un 8% al producto interno bruto (PIB).
Los costos de las construcciones, adiciones y reparaciones, es decir, la inversión proyectada alcanzó los 654 millones de dólares hasta septiembre de 2022, lo que representó un crecimiento de 21% frente a las cifras reportadas hasta septiembre de 2021, pero todavía por debajo de los números de 2018 y 2019 cuando alcanzó los 993 millones de dólares y 884 millones de dólares, respectivamente.
La cifra completa de 2022 todavía se desconocen debido a que el personal responsable de compilar los datos está trabajando en el censo de población que realiza la Contraloría General de la República.
Además de solicitar que se agilicen los pagos a los contratistas del Estado, el presidente reelecto de Capac indicó que es importante que el Gobierno extienda la vigencia de la ley de intereses preferenciales, que, en el caso de algunos tramos, vence a finales de enero del presente año, así como que se destinen las partidas necesarias para mantener vigentes el programa del Fondo Solidario de Vivienda.
El 17 de noviembre de 2021 el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que modifica la Ley 3 de 1985, que establece el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios para nuevas viviendas de interés social.
Esta normativa establece que se aplicará una tasa de 4% para viviendas de 45 mil dólares a 80 mil con permiso de ocupación hasta el 1 de enero de 2023; y un 3% para viviendas entre 80 mil dólares a 120 mil dólares, también con permiso de ocupación hasta el 1 de enero de 2023.
