La minera canadiense First Quantum Minerals estima que necesitaría entre $300 millones y $500 millones para poner en marcha el procesamiento de las reservas de mineral que permanecen almacenadas en Cobre Panamá, en Donoso (Colón), una operación que solo iniciaría tras recibir una orden formal del Gobierno panameño y que, según la propia empresa y las autoridades, no equivale a la reapertura de la mina.
Durante la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025, los ejecutivos explicaron que ese monto corresponde a la activación limitada de la planta para tratar material previamente extraído antes de la suspensión de operaciones, incluyendo capital de trabajo, restablecimiento de la cadena de suministros, contratación de personal y reacondicionamiento de sistemas auxiliares de la planta.
Los activos principales —como molinos y equipos de gran escala— se mantienen bajo el programa de conservación aplicado desde el cierre. La compañía reiteró que no cuenta con autorización para operar plenamente y que el sitio continúa en estado de mantenimiento y preservación desde el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato de 1997 que sustentaba la explotación y dejó sin efecto el esquema de concesión.
Desde entonces, el complejo de 13 mil hectáreas ubicado en las montañas de Donoso y Omar Torrijos, provincia de Colón se mantiene bajo un plan de preservación ambiental y de activos, mientras el Gobierno define el mecanismo para una eventual reactivación.
Durante la llamada con analistas del mercado de valores, el CEO y director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, subrayó que el eventual procesamiento de las reservas responde a objetivos ambientales y operativos, principalmente para reducir riesgos asociados al almacenamiento prolongado del material, como el drenaje ácido de roca, mejorar la gestión de aguas y producir arenas que sirven para reforzar la instalación de relaves.
En esa línea, la empresa insistió en que esta etapa no representa un reinicio formal de la mina, sino una dispensa específica para tratar mineral previamente extraído.
No obstante, esta posición empresarial no ha disipado los cuestionamientos de ambientalistas y representantes de la sociedad civil, quienes advierten que cualquier reactivación del proyecto minero en Donoso implica riesgos ambientales y de contaminación aún no resueltos y en el cual deben jugar un papel importante las autoridades fiscalizadoras.
Estos sectores alertan sobre posibles afectaciones a ríos, quebradas, acuíferos y aguas subterráneas de la zona, en un territorio de alta fragilidad ecológica por ser una zona montañosa. Además, recuerdan que tanto en Panamá como en otros países experiencias previas de proyectos mineros han derivado en impactos ambientales severos, con daños persistentes a ecosistemas y fuentes hídricas, lo que mantiene vigente la oposición de quienes abogan por la preservación de los recursos naturales.
Reservas
First Quantum informó que mantiene almacenadas alrededor de 38 millones de toneladas de roca mineralizada y proyecta que, una vez emitida la autorización, el arranque del procesamiento tomaría unos tres meses y el tratamiento completo del material se extendería por cerca de un año.
De ese volumen, la compañía estima obtener aproximadamente 70,000 toneladas de cobre, cuya venta estaría destinada a financiar los costos de mantenimiento del sitio, la gestión ambiental y el programa de preservación, con la meta de alcanzar una posición cercana a flujo de caja neutral durante esa fase.
En el plano financiero, el director financiero de la empresa canadiense, Ryan MacWilliam, explicó que el procesamiento implicaría costos operativos de entre $12 y $12.50 por tonelada de mineral molido y una inversión inicial en efectivo cercana a $250 millones, incluida dentro del rango de $300 millones a $500 millones mencionado por la empresa.
También señaló que el programa de preservación y mantenimiento del complejo ha requerido desembolsos significativos desde la suspensión, orientados a asegurar la estabilidad de la infraestructura y el cumplimiento de obligaciones ambientales.
Mensualmente, la empresa estima que se destinan entre 15 millones y 20 millones de dólares en el plan de conservación de la concesión.
Durante la sesión de preguntas, el analista Orest Wowkodaw, de Scotiabank Global Banking and Markets, consultó sobre el avance de las conversaciones con Panamá y si la auditoría ambiental constituye el principal factor que define el calendario para un eventual acuerdo.
Pascall respondió que la auditoría es uno de los hitos centrales del proceso y que su conclusión marcará la evaluación de los próximos pasos, junto con las decisiones del Gobierno sobre el modelo de reactivación. El ejecutivo también indicó que, aunque la empresa mantiene interés en una solución de largo plazo, aún no se han iniciado negociaciones formales para un nuevo esquema y que cualquier decisión futura dependerá del resultado de la auditoría integral y de la ruta institucional que trace el Estado panameño.
En ese contexto, la compañía ha reiterado su disposición al diálogo y a participar en un proceso que, según dijo, deberá ser transparente y con participación pública. El actual gobierno y el propio presidente José Raúl Mulino han señalado que la decisión sobre el futuro de la mina se tomará una vez culmine la auditoría.
La auditoría ambiental integral, en curso desde el cuarto trimestre de 2025, forma parte del proceso que el Gobierno ha señalado como requisito previo para definir el futuro de la mina.
Este análisis técnico se suma a otras auditorías regulatorias que han continuado durante el periodo de suspensión, mientras la empresa mantiene actividades limitadas de preservación del sitio y monitoreo ambiental.
En la conferencia, First Quantum dejó entrever que el desenlace del caso Cobre Panamá tiene implicaciones para su portafolio global, en particular para proyectos de crecimiento como Taca Taca, en Argentina, aunque los directivos señalaron que dicho proyecto avanzará por sus propios méritos.
Aun así, la empresa reconoció que la resolución del conflicto en Panamá influye en su balance y en su capacidad para impulsar nuevas inversiones de gran escala. Por ahora, el escenario inmediato gira en torno a la posible autorización para procesar reservas, una medida que la empresa describe como necesaria para gestionar riesgos ambientales y estabilizar el sitio, pero que no modifica el estatus legal de la mina ni implica una reactivación operativa plena.
La reapertura, si llega, dependerá del cierre de la auditoría, de las decisiones del Gobierno sobre el modelo de explotación y de un nuevo marco que, según lo planteado por las autoridades, no replicaría el esquema de contrato ley que fue anulado por la Corte Suprema en 2023, es decir, cualquier decisión que se tome, no requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional, lo que ha generado críticas de diputados y organizaciones civiles y ambientales.
Central eléctrica en firme
Uno de los elementos que la empresa destacó dentro del plan de preservación es la reactivación de la central eléctrica del complejo minero que funciona con carbón, uno de los combustibles más contaminantes y que ya no se utiliza en el parque eléctrico panameño. Durante la conferencia, los ejecutivos informaron que una de las unidades alcanzó su capacidad máxima de diseño de 150 megavatios y actualmente opera en torno a 120 megavatios, en línea con las necesidades energéticas del sitio y la demanda general de la red nacional. Uno de los objetivos iniciales era reconvertir esa planta a uso de gas natural licuado, pero esto no se concretó.
La segunda unidad entró en operación a inicios de febrero y su desempeño se mantiene dentro de parámetros esperados, lo que, según la empresa, refleja la efectividad del programa de mantenimiento aplicado durante el periodo de suspensión.
Sobre el proceso auditor, la empresa reiteró que la auditoría ambiental integral constituye un hito central del cronograma definido por el Gobierno panameño y que su equipo mantiene cooperación plena, facilitando documentación técnica e inspecciones de campo.
De acuerdo con el tercer informe divulgado por el Ministerio de Ambiente, el proceso registra un avance de 61%, tras la evaluación de compromisos ambientales contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental y verificaciones en infraestructura crítica, manejo de agua, relaves, biodiversidad y cumplimiento normativo.
El informe también incluye la revisión de riesgos actuales y pasivos ambientales potenciales bajo el escenario de suspensión, insumo que el Estado utilizará para la toma de decisiones sobre el futuro del proyecto.
Entre los hallazgos preliminares se documentan verificaciones en componentes sanitarios, manejo de residuos hospitalarios y servicios médicos del campamento, así como áreas con cumplimiento parcial asociadas al cambio del proyecto a fase de cuido y mantenimiento.
Durante la sesión de preguntas, los ejecutivos profundizaron en la relación entre el procesamiento de reservas y la eventual reactivación de la mina.
Ante consultas del analista Ian Rossouw, la empresa indicó que ambos procesos son independientes, aunque el tratamiento de reservas permitiría mantener operativos algunos sistemas y alternar trenes de procesamiento, lo que contribuiría a preservar condiciones técnicas de la planta sin implicar un reinicio de la actividad minera.
En otra intervención, First Quantum explicó que el mayor componente de inversión para una eventual reactivación completa estaría asociado al capital de trabajo necesario para restablecer condiciones crediticias con proveedores, contratación de personal y reactivación logística, más que a la rehabilitación de los activos principales, los cuales —según la empresa— han sido preservados cuidadosamente durante el periodo de suspensión.
Voceros de la empresa en Panamá han señalado que 700 empleos directos que se crearán tendrán prioridad para mano de obra local, especialmente de comunidades cercanas a la mina en Donoso y otras áreas de la provincia de Colón.
“Estamos esperando que esta resolución formal llegue a nuestra empresa para iniciar este reclutamiento, porque el anuncio se dio el 2 de enero, pero estamos a la espera de que se emita el decreto, la resolución que lo formalice para poder iniciar”, ha indicado Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.
Apoyo a la mina
Los ejecutivos también abordaron el componente social del proyecto, señalando que el apoyo en comunidades cercanas a la mina se ubica entre 75% y 80%, mientras que a nivel nacional se mantiene entre 50% y 55%.
La compañía atribuyó estas cifras a un incremento de la interacción directa con la población, mencionando más de 241 mil contactos con ciudadanos y actores comunitarios durante el último año, en el marco de su estrategia de transparencia y participación.
CIAM cuestiona la forma, no la necesidad
Para el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la discusión sobre el eventual procesamiento del material almacenado en Cobre Panamá debe evaluarse bajo tres ejes: debido proceso legal, acción oportuna del Estado y transparencia.
Su gerente legal, Joana Ábrego, advirtió que resulta preocupante que se anuncien autorizaciones sin el respaldo de un acto administrativo emitido por una autoridad competente, una práctica que —según señaló— se ha normalizado en el Gobierno al comunicar decisiones antes de culminar el trámite correspondiente.
El presidente José Raúl Mulino, anunció el procesamiento de la reserva durante su discurso en la Asamblea Nacional el pasado 2 de enero, pero desde entonces es poco lo que se conoce de la autorización que requiere la minera para iniciar con el proceso.
Ábrego cuestionó, además, que el Ejecutivo plantee la medida como una respuesta “responsable y oportuna” para reducir riesgos ambientales. Recordó que el proyecto se mantiene detenido desde finales de 2023 y que el plan de preservación fue presentado por la empresa a solicitud del Ministerio de Comercio e Industrias a inicios de 2024, pero no fue aprobado sino hasta mayo de 2025.
En ese acto —indicó—, la resolución 45 avaló el plan con una exclusión específica: el aprovechamiento del material que ahora se pretende autorizar, una exclusión que, según CIAM, se introdujo sin una justificación clara en la parte motiva.
En ese contexto, afirmó que desde la sociedad civil se venía alertando que el material almacenado incrementaba el riesgo de drenaje hacia el sitio —incluyendo el drenaje ácido de roca— y que debía procesarse cuanto antes.
Por ello, sostuvo que lo que hoy se presenta como una acción oportuna, en realidad refleja una actuación tardía del Estado, con potenciales impactos sobre el ambiente y las comunidades aledañas.
En materia de transparencia, la vocera señaló que el trámite se mantiene con escasa información pública: se conocen anuncios aislados, pero no está claro qué se ha autorizado finalmente, si el acto administrativo ya fue emitido o ingresado formalmente, ni cuáles serían los volúmenes, la metodología y el alcance exacto del procesamiento.
A su juicio, si se reconoce que el material debe tratarse por razones de seguridad ambiental, entonces el Estado debe garantizar el debido proceso, evitar más dilaciones y asegurar “absoluta transparencia” sobre cada decisión.
Consultada sobre si este paso debería esperar el resultado de la auditoría ambiental integral, Ábrego sostuvo que deben ser procesos independientes y que existían elementos técnicos desde hace tiempo para proceder.
Citó el informe de abril de 2025 de la comisión interinstitucional a cargo del cierre ordenado de la mina que advertía sobre los depósitos de material y la necesidad de darles procesamiento, y que además señalaba que este tratamiento permite obtener saprolita, un insumo utilizado para el mantenimiento de las instalaciones de manejo de relaves.
En esa línea, agregó que tampoco se explicó con suficiente detalle a la población cómo se estaba gestionando el mantenimiento de esas presas cuando en el sitio no existía saprolita suficiente, considerando que se genera como subproducto del propio proceso minero.
Finalmente, Ábrego subrayó que reconocer la necesidad de procesar el material almacenado no equivale a respaldar una reapertura.
Reiteró que su organización y los colectivos a los que pertenece no consideran viable reactivar el proyecto si se aplica adecuadamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la ley de moratoria minera, y recalcó que cualquier medida temporal debe enfocarse exclusivamente en asegurar la seguridad ambiental del sitio y de las comunidades cercanas.
