La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) propuso al Gobierno considerar una “recalibración transitoria de las cargas fiscales” de empresas y personas, explorando mecanismos de exención fiscal durante los próximos 18 meses, debido al duro golpe que han recibido las actividades económicas por la pandemia.
Según el gremio, esto podría permitir al sector empresarial absorber el impacto de la disminución de actividad y ajuste del modelo de negocio, y a las “personas naturales” tener un alivio temporal de su carga fiscal.
En cuanto al comercio local, la Cciap señala que el gobierno puede ponderar la implementación de días de venta sin ITBMS acompañado por descuentos por parte de los comercios, en un programa para incentivar el consumo.
Pero sería bajo una “estrategia calendarizada”, a fin de que no se generen aglomeraciones, sugirió la cámara.
Otra iniciativa para reducir inventarios, que permitan la reactivación de los comercios, es la eliminación del impuesto selectivo al consumo en cantidades limitadas de productos de alto valor para fomentar su rotación, indicó el gremio.
“La crisis que se vive nos lleva a enfrentar la situación desde tres frentes de forma integral salud, economía y bienestar social. Una vez más, hacemos un llamado a todos por igual a no solo seguir las medidas de bioseguridad, si no redoblar la protección y el distanciamiento”, señaló la Cámara en comunicado.
Según cifras recientes dadas a conocer por la Contraloría General, entre abril y junio, el producto interno bruto (PIB) se desplomó un 38.4%, luego que la economía generó 6 mil 484 millones de dólares, una disminución de 4 mil 48 millones de dólares en comparación con los datos del segundo trimestre de 2019.
Servicios personales, comercio, construcción, hoteles, restaurantes, servicios empresariales, industria manufacturera, electricidad, educación e intermediación financiera son las actividades más afectadas por el virus respiratorio.
Las mayores caídas se reportaron en el sector de la construcción, con 92%; hoteles, 79.2%; servicios personales, 76.5%; sector inmobiliario, 51%; explotación de minas y canteras, 53%.
