El proyecto de ley del presupuesto general del Estado para 2023 no incluye el eventual efecto del plan de contención del gasto anunciado por el Gobierno en medio de la crisis social en la que la ciudadanía, reclama, entre otras cosas, un mejor manejo de las finanzas públicas.
El director de Presupuesto de la Nación, Carlos González, explicó ayer jueves a este diario que legalmente debían presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley antes de que terminara el mes de julio y que ni el efecto de las medidas de contención ni los eventuales gastos que se generen por los acuerdos que se negocian en la mesa de diálogo de Penonomé, Coclé, han sido contemplados en el proyecto de ley.
“Había incertidumbre sobre el alcance de los acuerdos. Como está en desarrollo y no se sabe en qué va a terminar, se elaboró el presupuesto sin ese factor, para hacer el ajuste después de las vistas presupuestarias”, cuando se tendrá una mayor referencia de los efectos del programa de contención, comentó González.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, acudió ayer a la Asamblea Nacional a presentar el proyecto de ley del presupuesto para la próxima vigencia fiscal, pero en su sustentación no dio ni la cifra del presupuesto, ni detalle sobre el desempeño de los ingresos. Tampoco ofreció explicaciones a los medios de comunicación que estaban allí presentes. Cuando ese medio quiso ampliar la información, su equipo dijo que estaba en una reunión y que se enviaría un comunicado con los detalles.
Esto, en un momento en que la ciudadanía reclama mayor transparencia, rendición de cuentas y un mejor manejo de las finanzas públicas.
Más tarde, en una conversación telefónica, González dijo que el monto del presupuesto para 2023 es de $27,162.9 millones. La cifra representa un aumento de $1,868 millones o 7.4% cuando se compara con el presupuesto de 2022 aprobado por ley y de 6.4% respecto al modificado al mes de junio.
La previsión de crecimiento económico nominal para 2023 es de alrededor de 7% y el déficit fiscal permitido por ley es de 3%, un punto porcentual menos que para este ejercicio.
Sobre la distribución del gasto, $13,411.7 millones serán para operaciones, mientras que para inversión se han asignado $9,236.1 millones y para el servicio de la deuda, que incluye las amortizaciones, $4,515.1 millones.
