Solo los vehículos con tres años de antigüedad podrán utilizarse para brindar el servicio de taxi personalizado, si el proyecto 986, que regula la operación de las plataformas digitales de transporte que se discute en la Asamblea Nacional, se convierte en ley de la República.
Esto reduce la competencia, ya que el decreto ejecutivo No. 331 del 31 de octubre del 2017, que regula el servicio denominado como taxis de lujo, establece una antigüedad de 7 años como tope para los vehículos en los que se brinda el servicio.
Los lineamientos que se han establecidos en el proyecto de ley 986 terminan restringiendo el servicio que brindan las plataformas digitales en asociación con conductores independientes, lo que se ha traducido en una opción de movilidad para los usuarios panameños.
De acuerdo con el proyecto de ley, los denominados concesionarios de las empresas prestatarias de transporte selectivo que mantienen un certificado o cupo vigente podrán solicitar la actualización para ofrecer el servicio de transporte de taxi de lujo.
Mientras, que las plataformas digitales de transporte estarían obligadas a pertenecer a una prestataria de transporte público selectivo. El proyecto no especifica si tendrían que tener un cupo de operación, que se supone es gratuito, pero se comercializa; o, por otro lado, si tendrían que utilizar los autos de las concesionarias y pagar una cuota diaria, como ocurre con muchos taxistas hoy en día.
Medidas de este tipo sacarían de circulación a cientos de conductores, de forma indirecta, y se le reducirían las opciones de movilización a los usuarios que prefieren utilizar una plataforma tecnológica que los recoge en la puerta de su casa, pagando con tarjeta de crédito y bajo la medida de seguridad que pueden compartir el recorrido para seguirle la pista al auto en tiempo real.
Las plataformas digitales y los conductores tendrían 60 días, después de promulgada la ley, para cumplir con los nuevos requisitos.
De aprobarse el proyecto 986, se eliminaría el decreto 331 y todas las normativas que se han establecido relacionadas con la operación de plataformas digitales en el país.
El documento, que se mantiene a la espera de su discusión en segundo debate en la Asamblea Nacional, establece que solo las plataformas digitales de transporte, como es el caso de Uber, podrán operar en Panamá a través de una empresa prestataria de transporte selectivo.
Los conductores de plataformas digitales convocaron este miércoles a una conferencia de prensa para denunciar que el proyecto de ley 985 aprobado en la Asamblea solo busca beneficiar “al grupo de Robinson” https://t.co/VCsdUrVJSu pic.twitter.com/UAsKvBuGL3
— La Prensa Panamá (@prensacom) April 27, 2023
Omar Jaén, subsecretario general de la Unión Nacional de Conductores de Plataformas Digitales y Similares, comentó que los proponentes del proyecto no han sido claros con la población, ya que de aprobarse la iniciativa, la misma acabaría con el trabajo de 8 mil conductores que prestan el servicio de transporte personalizado, el cual definió como una actividad privada y que no compite con el transporte selectivo de personas.
Señaló que la gran mayoría de los transportistas selectivos (taxistas), tampoco podrán ofrecer el servicio de movilizar personas con autos privados, porque sus vehículos no cumplen con los años de antigüedad que exigiría la ley. Indica que actualmente, las prestatarias de transporte selectivo cobran hasta 50 dólares diarios a los conductores (taxistas) que utilizan sus vehículos, tarifa que no incluye el consumo de combustible de la unidad.
La empresa Uber a través de un comunicado, ha señalado que se opone a la iniciativa presentada por el diputado Abel Beker, presidente de la Comisión de Transporte, y quien ha señalado que el documento busca que las plataformas digitales paguen impuestos en el país.
“Las plataformas han estado operando en sana competencia y en beneficio de los usuarios, por lo que vemos con inquietud que una nueva regulación traiga de vuelta discusiones ya superadas y decididas por el más alto tribunal de Panamá. Derogar el decreto existente pondría en riesgo el futuro y la sostenibilidad del modelo de plataformas, servicio que ha sido ampliamente acogido por los usuarios y socios conductores en el país”, dijo Uber
Por su parte, la Asociación de Consumidores Libres de Panamá (ACL) calificó de “lamentable” la aprobación en primer debate en la Asamblea Nacional del proyecto de ley 986.
Raúl Molina, presidente de la ACL, sostuvo que la propuesta “busca que el país retroceda 30 años” y que las plataformas digitales dejen de ser un servicio privado para convertirlo en un mal servicio público.
Al igual que Jaén, Molina sostiene que el proyecto solo tiene un beneficiario: las concesionarias que son las mismas que “lucran y tienen secuestrado el servicio de taxi que no se ha modernizado” y que ahora “quieren hacer lo mismo con las plataformas digitales: meterse para corromper el sistema, llenarse los bolsillos, sin importarle el usuario”.
En la sustentación de motivos para presentar el proyecto 986, Beker indicó que es necesaria la “reglamentación a efecto de que los usuarios tengan la protección por parte del Estado y se evite de esta manera el abuso en los peajes del servicio de transporte público y se mantenga de manera permanente los controles necesarios que permitan al usuario la protección de sus derechos en este tipo de actividad”.
Sobre este punto, Jaén comentó que las actuales concesionarias no llevan un control sobre el servicio que prestan los conductores, a diferencia de las plataformas digitales que exigen establecer una serie de controles para poder utilizarlas.
