La situación operativa en los puertos de Balboa en Panamá y Cristóbal en Colón presenta escenarios distintos este martes 24 de febrero, mientras avanzan los ajustes tras la publicación en Gaceta Oficial de la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports Company (PPC).
En el Pacífico, APM Terminals Panamá, parte del conglomerado danés A.P. Moller - Maersk, informó que la fase de estabilización en el puerto de Balboa avanza conforme al plan de trabajo establecido.
La empresa calificó este período como “clave” para garantizar la continuidad de las operaciones con el menor impacto posible para clientes y usuarios.
Aseguraron que como parte del cronograma, este martes se retomó la recepción de contenedores de exportación y vacíos por garita, en un horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. No obstante, la terminal aún no está entregando contenedores de importación.
La compañía aseguró que la totalidad de los contenedores refrigerados con mercancía perecedera permanece conectada a energía eléctrica y bajo monitoreo constante, con el fin de evitar afectaciones a la carga sensible.
En paralelo, el personal continúa el proceso de capacitación en el nuevo sistema operativo, orientado a asegurar una transición eficiente en la gestión de datos y movimientos de carga.
Asimismo, bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), se desarrolla un inventario y auditoría de los activos para verificar que los equipos cumplan con los estándares requeridos para una operación estable.
Cristóbal: operaciones afectadas
El panorama es distinto en el Atlántico. Terminal Investment Ltd (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC), comunicó a sus clientes que las garitas de la terminal de Cristóbal se encuentran cerradas temporalmente.
Como consecuencia, las operaciones de ingreso y retiro de contenedores en esa terminal están actualmente afectadas. La naviera indicó que se mantiene a la espera de información oficial sobre el reinicio de actividades y que notificará a los clientes para coordinar el retiro de contenedores de importación o el ingreso de exportación.
Las labores en Cristóbal se han visto detenidas a pesar de que el Gobierno Nacional, había asegurado la continuidad de las operaciones en los puertos, luego de que ayer, lunes 23 de febrero, fuera publicado en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a PPC la operación de ambos puertos.
Luego de esto, el Consejo de Gabinete aprobó contratos transitorios con APM Terminals Panamá y TIL Panamá para operar Balboa y Cristóbal hasta por 18 meses, con contraprestaciones por unos $41.9 millones, mientras se prepara nueva licitación.
Trabajadores en los puertos
Esta tarde, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, junto al administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega; y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, informaron sobre el estado de los puertos.
Icaza confirmó que se logró la apertura de la garita del puerto de Balboa para exportaciones, contenedores vacíos y movimiento rodante.
La normalización, indicó, comenzó con la entrada en función del Sistema Operativo de las Terminales Portuarias (TOS) para gestionar el inventario de carga en el Puerto de Balboa, así como la sustitución patronal de unos 526 trabajadores.
“Hemos estado trabajando con ambos operadores y los sistemas se encuentran en línea… estamos validando que la data de ambos sistemas coincida con la información que tenemos en los recintos portuarios lo cual es importante para conocer la ubicación de cada una de las cargas que se encuentran en los puertos”, destacó Icaza.
El ministro detalló que en menos de 24 horas se han realizado más de 200 sustituciones patronales en el puerto de Balboa, y en el caso de Cristóbal arriba de 326, de un poco más de mil 200 personas contratadas. Igualmente, en el ámbito laboral se ha llegado a acuerdo con 2 de los 4 sindicatos de trabajadores de ambos puertos.
También explicó que en un periodo no mayor de tres días se podría recibir vehículos que retiran carga en ambas terminales, lo que son las importaciones, pero también cargas generales que se debe buscar en los puertos.
PPC ha reaccionado aludiendo a que hubo una “toma ilegal” de las instalaciones.
En tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, negó que la acción ejercida sea una expropiación y remarcó que el contrato con PPC ‘sometió’ al país por años.
Con PPC, en 29 años de relación, el Estado solo percibió $483 millones, causándole un perjuicio al país de $853 millones, según la auditoría de Contraloría General de la República.
