Juan Francisco Alonso - BBC News Mundo
El cerco financiero que Estados Unidos impuso al gobierno de Venezuela hace casi una década se ha relajado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) ha levantado parcialmente las sanciones que en 2017 aplicó al Banco Central de Venezuela (BCV) y a otras tres entidades financieras públicas.
Las medidas, que en la práctica implicaron la exclusión de Venezuela del sistema financiero internacional, fueron impuestas en un momento en el que Washington acusaba a la administración de Nicolás Maduro de violar los derechos humanos de sus compatriotas y de desmantelar la democracia en el país suramericano.
Sin embargo, el levantamiento parcial de las sanciones se ha producido a poco más de tres meses de la inédita operación militar que EE.UU. lanzó contra Venezuela y que terminó con el arresto de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, lo que parece confirmar la buena sintonía entre la Casa Blanca y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
“Que esto siga abonando el camino para una Venezuela libre de sanciones”, declaró Rodríguez el miércoles.
Freno a la devaluación e inflación
La medida a favor del BCV y de los bancos estatales está contenida en la licencia general número 57, la cual autoriza “transacciones de servicios financieros en las que participen determinados bancos y personas vinculadas al gobierno de Venezuela”.
“La banca pública ya puede tener acceso al sistema financiero internacional”, aseguró Rodríguez.
Pero ¿qué implicaciones puede tener esto para los golpeados bolsillos de los venezolanos? Varias y profundas, aseguraron los expertos consultados por BBC Mundo.
Primero hay que precisar que, por ley, al BCV deben ir a parar todas las divisas obtenidas por la venta de petróleo y otros minerales en Venezuela. Y aunque Washington ha estado emitiendo licencias para facilitar la venta de estos recursos, bajo su supervisión, el dinero producto de esas operaciones permanecía bloqueado por otras sanciones.
“Sin ninguna duda que es un paso muy importante, fundamental para el ordenamiento de la economía, en particular del sistema cambiario”, aseguró José Guerra, economista venezolano y exdirector del BCV.
“El mercado cambiario que ha venido teniendo tropiezos en la asignación de dólares porque los bancos corresponsales (aquellos que ofrecen a los bancos nacionales la posibilidad de realizar operaciones en el exterior) desaparecieron y no había posibilidad de realizar transferencias desde el Banco Central a los bancos porque el Banco Central estaba sancionado”, agregó.
El experto auguró que la licencia facilitará al BCV acceder a más dólares para inyectarlos al mercado, lo cual contribuirá a “estabilizar la tasa de cambio”.
“El BCV podrá realizar transferencias a través del sistema Swift, pero sobre todo podrá importar dólares en efectivo, que es una gran necesidad ahora para controlar el mercado cambiario”, señaló.
En el primer trimestre del año, el bolívar se ha depreciado un 36,4%. Su cotización frente a la divisa estadounidense pasó de 301,37 a 473,87 bolívares por billete verde, de acuerdo con las cifras del BCV.
La devaluación, a su vez, ha impactado fuertemente en la inflación, pues la economía venezolana está de facto dolarizada. Así los precios han subido un 71,8% en los primeros tres meses del año, por lo que algunos expertos temen que el país se encuentra a las puertas de una nueva hiperinflación.
No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que el país suramericano crecerá 4% en 2026, impulsado sobre todo por la anhelada recuperación de su industria petrolera.
Asegurando el mercado
Además de abrir las puertas al regreso de Venezuela al sistema financiero internacional, la OFAC en otra licencia, la número 56, autorizó a empresas estadounidenses a suscribir contratos con las autoridades venezolanas, una medida que podría facilitar la llegada de nuevas inversiones extranjeras al país.
“Estas medidas son fundamentales para los negocios porque permiten realizar transacciones, abrir cuentas en el extranjero, hacer transferencias y remitir utilidades”, explicó Guerra.
No obstante, el experto indicó que la medida por sí sola no es suficiente para asegurar el arribo de inversionistas al país.
“La llegada de inversiones depende de otros factores, como que el proyecto sea rentable y de la seguridad jurídica”, agregó.
La licencia, sin embargo, no remueve una serie de prohibiciones, entre ellas la de realizar operaciones con bonos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la de participar en cualquier proyecto donde haya capital o personal de países como Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China.
Esta es la última restricción fue destacada por el economista José Manuel Puente, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y de la Universidad IE de Madrid.
“EE.UU. hizo un trabajo de limpieza de sus enemigos”, explicó.
“Es una gran jugada, porque sacó a sus competidores geopolíticos y se aseguró el control de la principal reserva de petróleo del mundo”, agregó.
Más recursos
Las medidas también podrían permitir a Venezuela acceder a recursos más allá de las exportaciones petroleras, tales como los créditos de organismos internacionales.
Desde 2021, el país suramericano ha intentado hacerse con US$ 4.800 millones por concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) que mantiene en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, no ha podido acceder a esos fondos por las sanciones y la falta de reconocimiento de su gobierno.
No obstante, el miércoles el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dio motivos para creer que Caracas está más cerca de acceder a estos fondos.
“El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela, para que se parezca más a una economía normal”, dijo.
Al día siguiente, la directora general del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, anunció que el fondo había reanudado sus relaciones con Venezuela y que están tratando ahora con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
A lo anterior habría que sumar las 31 toneladas de oro que el BCV mantiene en el Banco de Inglaterra.
“No hay incidencia directa (en el caso del oro)”, aseguró el abogado venezolano José Ignacio Hernández, quien conoció el caso de primera mano y lideró los esfuerzos de la oposición por evitar que la administración de Maduro se hiciera con el preciado metal.
Aunque seguidamente el jurista admitió que las licencias sí pueden tener una influencia indirecta en el destino del oro a futuro.
“En la medida en que se normalizan las operaciones del BCV en los mercados financieros internacionales. Ello podría llevar al Banco de Inglaterra, en coordinación con el gobierno de EE.UU., a permitir al BCV retirar y disponer de los depósitos de oro, probablemente depositando el producto de la venta en las cuentas bajo control del gobierno de EE.UU”, explicó.
El primer paso
Los expertos admitieron que las licencias abren las puertas a la reconstrucción de la economía venezolana, pero alertaron que esto requiere de otras medidas.
“Es necesario reinstitucionalizar al BCV y devolverle su independencia”, dijo Guerra.
Aunque la Constitución establece que el organismo será independiente y que su directiva será nombrada por el Parlamento, en 2009 el fallecido Hugo Chávez dictó una ley que le dio la potestad de designar a los responsables del banco.
El BCV hoy está dirigido Laura Carolina Guerra Angulo, hermana de la primera esposa de Nicolás Maduro, pero desde hace semanas corren rumores sobre su eventual sustitución.
En similares términos se pronunció el abogado Fernando Fernández, quien es experto en sanciones internacionales.
“A la transición financiera y económica que se ha empezado a implantar, con base en la geopolítica en Venezuela desde principios de 2026, le debe seguir el cambio político por vía de la celebración de elecciones generales competitivas y libres; y la transformación institucional mediante una reforma del Estado”, agregó.
“Las licencias no constituyen una liberación de las sanciones: son un punto de partida que establece el mecanismo básico para canalizar y agilizar inversiones, negocios, contratos, remesas, comercio y pago”, insistió el jurista.
Por su parte, Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, organización encargada de combatir la corrupción, demandó que la flexibilización venga de la mano de medidas que garanticen el correcto uso de los fondos.
“El levantamiento de las sanciones debería estar acompañado con sistemas de control de lo público y rendición de cuentas”, dijo.
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“Las sanciones al gobierno de Venezuela no pueden lograr mucho sin presión interna”
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