La reforma propuesta al Código Fiscal abre el debate sobre la operaciones de empresas y grupos multinacionales en el país, además del polémico tema de las llamadas empresas de papel.
Mientras los tributaristas defienden la imposición de normas e incluso de impuestos a las empresas que no demuestren una presencia real en el país, hay grupos que advierten que la medida puede ahuyentar nuevas inversiones y la llegada de empresas que quieran radicar su domicilio fiscal en Panamá.
El debate que se llevará a cabo desde el próximo lunes en la Asamblea Nacional tenderá que conciliar todas las posiciones, en un contexto en que Panamá está presionado para poder salir de la lista de paraísos fiscales en octubre de este año.
José Andrés Romero, experto tributarista internacional, afirmó que la reforma al Código Fiscal crea un nuevo hecho imponible que permitiría gravar rentas pasivas de fuente extranjera, incluso si no han sido recibidas ni utilizadas en Panamá, lo que aleja al país del principio tradicional de territorialidad.
Considera que esas rentas solo deberían ser gravadas cuando sean percibidas o utilizadas en Panamá. Además, indicó que la falta de sustancia económica, es decir de presencia real en el país, no debería generar automáticamente el impuesto, sino únicamente limitar el acceso a una eventual exención.
Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos, consideró que el proyecto de reforma fiscal incorpora avances técnicos, como limitar su alcance a grupos multinacionales y establecer un sistema de declaración con fiscalización posterior, pero advirtió que mantiene deficiencias que afectan su coherencia.
Señaló que otorgar al MEF facultades de supervisión y aplicación de normas antiabuso desplaza a la DGI de su rol natural y fragmenta el criterio tributario. De esto se habla en el artículo 707-E y 707-k.
También cuestionó la tasa del 15% sobre renta bruta y las limitaciones al crédito fiscal, al considerar que podrían elevar la carga efectiva por encima del 25% sobre la utilidad real.
Además, criticó la regla de tercerización incluida en el artículo 707-G, ya que impediría que un mismo proveedor sirva para acreditar sustancia económica de varias empresas, lo que —según dijo— desconoce el modelo internacional de centros de servicios compartidos y obligaría a duplicar artificialmente personal y costos.
Publio De Gracia recomendó que las empresas con licencias SEM y EMMA que ya cumplan con los requisitos de sustancia económica de sus leyes especiales sean consideradas automáticamente en cumplimiento dentro de la nueva normativa fiscal, manteniendo la supervisión en manos de las autoridades ya establecidas por esos regímenes.
También está la posición de algunos abogados que advierten que la reforma como está concebida desincentiva la llegada de entidades holdings a Panamá y debe buscarse un equilibro para cumplir con las exigencias internacionales sin dañar el atractivo del país para estos grupos.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, considera que en la Asamblea Nacional debe darse ese debate y están abiertos a incluir nuevas observaciones, aunque precisa que la propuesta fue consultada con todos los sectores.
Chapman indica que la posible imposición de 15% de impuesto a la empresas internacionales que no demuestren actividad real en el país o lo que se denomina como sustancia económica no ahuyentará a las multinacionales que ya están establecidas y bajo algún régimen legal como SEM o EMMA.
El titular del MEF defendió la reforma a la ley del Código Fiscal presentado el viernes pasado en la Asamblea Nacional, asegurando que se busca poner reglas claras y hacer más transparente la operación en el país para salir de la Lista de Paraísos Fiscales de la Unión Europea.
“No afectará el flujo de inversiones; el efecto será totalmente lo contrario atraerá a las empresas reales”, dijo Chapman al salir de un foro sobre inversiones organizado por la Cámara de Empresarios y Ejecutivos Venezolanos en el Exterior (Cavex).
Empresas internacionales pagarán 15% de impuesto en Panamá si no demuestran operación real
Explicó, la iniciativa introduce el concepto de sustancia económica, que obliga a las compañías a demostrar que cuentan con operaciones reales en territorio panameño, así como un impuesto del 15% dirigido exclusivamente a aquellas que no puedan acreditar dicha actividad.
Lejos de representar una amenaza, el funcionario sostiene que esta medida responde a estándares internacionales ya aplicados en otras jurisdicciones.
Chapman enfatizó que la reforma busca fortalecer la economía nacional mediante la generación de empleo, el impulso al desarrollo humano y la reducción de la pobreza. A su juicio, exigir presencia real a las empresas no solo mejora la transparencia, sino que también contribuye a una mejor distribución del ingreso y a elevar la calidad de vida de la población.
Aseguró que esta reforma e incluso colocar el impuesto, ha sido una petición de muchas empresas multinacionales.
“Las empresas multinacionales han pedido que Panamá emita una legislación de esta índole. Estamos tarde, pero a la misma vez nunca es tarde para hacerlo”.
Sostuvo que la adopción de estas normas permitiría reducir sanciones y fricciones financieras internacionales, facilitando así las operaciones de Panamá en el contexto global.
Precisó que la reforma del Código Fiscal será clave para poder salir de la lista de la Unión Europea en octubre de este año.
“Lo ideal sería que en la revisión de octubre logremos salir de esa lista”, lo que permitiría atraer nuevas empresas al país. No obstante, reconoció que estos procesos pueden tomar más tiempo, por lo que expresó confianza en que, de no concretarse en esa fecha, el objetivo podría alcanzarse a más tardar en febrero de 2027.
Requisitos de sustancia económica:
Para ser consideradas “entidades calificadas”, las compañías deberán demostrar en territorio panameño:
Personal calificado y adecuadamente remunerado.
Instalaciones físicas apropiadas.
Toma de decisiones estratégicas dentro del país.
Costos y gastos operativos vinculados a la generación de la renta.
