El Gobierno trabaja en 15 reglamentaciones de la Ley 23 de 2015 para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.
Habrá una reglamentación macro de la ley, una vinculada a congelamiento de activos y 13 reglamentaciones sobre los distintos sectores económicos que serán supervisados en virtud de la nueva ley, dijo la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
Se reglamentarán la aplicación de la ley para bancos, seguros y reaseguros, el mercado de valores, las zonas libres, las compañías de remesas de dinero, la Bolsa de Diamantes y los comerciantes de piedras preciosas, bienes raíces y construcción, entre otros.
Estas normas serán desarrolladas y emitidas por los supervisores de cada uno de estos sectores.
La ley está vigente desde que fue promulgada, pero las reglamentaciones establecerán cómo se aplica en cada uno de los sectores. “Las reglamentaciones se presentaron al Grupo de Acción Financiera (Gafi) y paralelamente se están haciendo presentaciones a los distintos sectores”, dijo la viceministra, para quien “es importante escuchar al sector” para no perder las proporciones ni hacer reglamentaciones que no se puedan aplicar en la práctica.
Además de la ley antilavado, se han aprobado otras seis leyes y se está reforzando la Unidad de Análisis Financiero, cuyo personal se ha triplicado en el último año. Con estas acciones el Gobierno busca reforzar el marco legal para prevenir el lavado de capitales y salir de la lista gris del Gafi, en la que está incluido el país por las debilidades detectadas por el Fondo Monetario Internacional.
A finales de junio vence el plan de acción —pactado con el Gafi hace un año— que marcaba la hoja de ruta a seguir por Panamá para reforzar su marco legal. La mayor parte de este plan ya se ha completado, y el Gobierno espera recibir el visto bueno del Gafi por los avances en la reunión plenaria que celebrará este mes en Australia.
En la última reunión plenaria del año, que tendrá lugar en París en octubre, Panamá ya habrá culminado el plan de acción y solicitará al Gafi una visita en sitio para comprobar la aplicación del nuevo marco legal. Esa visita se debería efectuar en los meses posteriores y el Gobierno espera que en la plenaria de febrero de 2016 se concrete la salida de Panamá de la lista gris, cuatro meses después de la última fecha que se manejaba (octubre de 2015), pero antes de los dos años que se habían previsto originalmente.