A través del Acuerdo 2-2022, la Superintendencia de Sujetos No Financieros estableció los lineamientos y directrices sobre las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo para abogados y contadores.
La medida, explicó el regulador, forma parte de las políticas para elevar el nivel de cumplimiento con un enfoque basado en riesgos, con el objetivo último de fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales.
Dayra Carrizo, superintendente de Sujetos No Financieros, dijo que el acuerdo nace a partir de la normativa ya existente en materia de prevención y de un análisis de riesgos sobre el sector corporativo que se hizo en el año 2021. El acuerdo fue presentado en la mañana de este jueves 18 de agosto en un acto celebrado en la sede de la Cancillería de la República.
Las directrices plasmadas en el acuerdo giran en torno a cuatro ejes: evaluación del riesgo, mitigación de riesgos, conocimiento de la naturaleza del negocio y determinación del perfil financiero y transaccional de los clientes.
Carrizo explicó que la iniciativa forma parte de la estrategia de mitigación, para que abogados y contadores puedan evaluar el riesgo de las actividades de sus clientes, hacer una debida diligencia, ya sea básica o ampliada; y para tener una mejor regulación sobre servicios de directores nominales.
Muchas de las obligaciones ya están establecidas por las distintas leyes que establecen el régimen de prevención de blanqueo de capitales, pero en este documento se están definiendo con mayor claridad, explicó Carrizo.
Entre las novedades que se incluyen en el acuerdo está, por ejemplo, la necesidad de que los directores nominales se capaciten. Los directores nominales son personas que figuran en las directivas, pero no ejercen una función en la actividad de la sociedad, y esta función ha sido identificada como un factor de riesgo.
Los agentes residentes tendrán que hacer una declaración en la que informarán de que ofrecen los servicios de directores nominales, quiénes son los directores nominales y qué capacitaciones han efectuado.
Carrizo reconoció que se generará más carga de trabajo para los profesionales, especialmente mientras se implementan los procesos, pero espera que luego se convierta en un proceso natural.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, que participó en el evento, dijo que se debe comprender el momento que atraviesa el país en atención a las listas discriminatorias. Dijo que el sector de abogados es el que más se ha visto “atormentado” frente a las regulaciones y esa realidad hace que desde el Colegio se pida “sensibilidad” para la implementación de estos acuerdos.
La primera capacitación de abogados se celebrará el próximo lunes y en ese momento habrá el primer intercambio para exteriorizar sus planteamientos, dijo Araúz.
El abogado señaló que la documentación de las obligaciones va a requerir de tiempo y recordó que igual que hay grandes firmas que pueden tener mayores recursos, también hay abogados más pequeños con una menor capacidad, que además deben atender obligaciones impuestas por otras instituciones, algo que, dijo, se debe tener en consideración.
