La española Sacyr perdió una multimillonaria demanda contra el Estado panameño.
Sacyr, que integró el Consorcio Unidos por el Canal (GUPC), responsable de construir el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, presentó en 2018 una reclamación por $2,362 millones, alegando que las actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante la licitación y ejecución del proyecto violaron el tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá.
Siete años más tarde, el tribunal arbitral rechazó estas reclamaciones, concluyendo que Sacyr no logró probar sus alegatos y que las actuaciones de la ACP no pueden atribuirse al Estado panameño, de acuerdo con información suministrada por la Presidencia de la República de Panamá.
Según la información oficial, el tribunal además consideró que, de haber tenido mérito, las reclamaciones serían inadmisibles, por basarse en el contrato y no en el tratado.
El fallo, emitido este 31 de octubre de 2025, ordena a Sacyr pagar a Panamá $6.3 millones en concepto de costas del arbitraje, incluidos honorarios legales y gastos del proceso.
De acuerdo con El País, de España, la constructora buscó transmitir calma a sus inversionistas al asegurar que el fallo “no representa ningún impacto negativo” en sus resultados financieros.
Según la empresa, la decisión arbitral tiene un efecto neutro en sus cuentas, mientras que los analistas prevén que el fin de semana sirva para atenuar el impacto en el mercado bursátil cuando abra la próxima semana.
Sacyr también ha tenido una historia de reclamaciones fallidas con el Canal. De unos cinco arbitrajes que había interpuesto, cuatro concluyeron con laudos mayormente favorables a la ACP.
Las disputas estaban vinculadas con la ataguía temporal del Pacífico, los anticipos, el concreto, los agregados, los laboratorios y fallas, además del diseño de compuertas y la mano de obra.
En los últimos años, la empresa española había incluido los reclamos del Canal de Panamá en sus proyecciones financieras como posibles ingresos futuros.
Pero los reportes de hace un año indicaban que Sacyr estaba reduciendo sus expectativas de cobro, que pasaron de $3,567 millones a $1,565 millones.
Los trabajos de ampliación iniciaron en 2007, un año después de que los ciudadanos aprobaran, a través de un referéndum, el desarrollo del proyecto.
El contrato con GUPC involucró el diseño y la construcción de las nuevas esclusas.
El proyecto se completó con varios meses de retraso debido a contratiempos en el desarrollo de la obra, incluso por parte del propio contratista, que llegó a suspender los trabajos por disputas de sobrecostos y pagos.
La relación entre GUPC y la ACP fue tensa, por decir poco. Pero la administración del Canal se mantuvo firme en que, si se seguía al pie de la letra lo establecido en el contrato, no había forma de que el grupo pudiera ganar las demandas, que a todas luces lucían infladas.
La obra fue entregada por el contratista en 2016, pero las reclamaciones siguieron su propio curso, incluyendo incluso al Estado panameño.
