El pago de impuestos municipales y el alcance de un contrato entre el Municipio de Barú y la empresa Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP) ha generado un conflicto legal que ha tensado la relación entre las partes.
Los concejales baruenses exigen el pago de impuesto por los trabajos de reparación del muelle 2 de la terminal de PTP en el Pacífico, afectado el 11 de abril de 2020 con el impacto del buque New Assurance mientras realizaba una maniobra de atraque.
Los trabajos de reconstrucción en el muelle tienen un costo estimado de $40 millones, y según las normas municipales a las que apela el Municipio de Barú, la empresa debería pagar el 3% sobre el total de la inversión que correspondería a $1.2 millones. Sin embargo, PTP interpreta que no debe pagar esta suma porque se trata de una inversión que está cubierta por un contrato bilateral existente desde hace muchos años. Estos contratos de mutuo acuerdo entre el Municipio de Barú y PTP existen desde 1980 y fueron renovados en 2018 con vigencia de 10 años, refrendados por la Contraloría General de la República.
Según PTP, se pagan 328 mil anuales, de los cuales $203 mil son por concepto de impuesto por permiso de construcción, ampliaciones, desarrollos, actividades y servicios que la empresa lleve a cabo. En los 10 años de vigencia de este contrato o hasta 2028, el Municipio de Barú recibiría un total de $3.2 millones.
A través de un comunicado, firmado por el gerente de PTP, Eduardo Hevia, se indica que con base al contrato con el Municipio que rige desde 2018, la empresa solicitó oportunamente el correspondiente permiso de construcción al ingeniero municipal de Barú, quien lo emitió el 19 de octubre de 2020.
Sin embargo, “ignorando el contrato existente, el Municipio solicitó a la empresa el pago de impuestos de permiso de construcción por $1.2 millones, lo cual atenta contra el principio de seguridad jurídica que rige a toda operación empresarial, inversión nacional e internacional”.
PTP es una empresa mixta que tiene un contrato de concesión con 20 años de duración a partir de 2017. Desde su creación, PTP ha mantenido una estrecha relación con los municipios de Barú en el Pacífico y Chiriquí Grande en el Atlántico, debido a que en ambos lugares están los tanques de almacenamiento del petróleo que es trasegado a través del oleoducto.
La empresa genera unos 200 empleos directos y otros 300 indirectos. Indica PTP que debido a las acciones del Consejo Municipal, y después de haber intentado una solución a través de procesos de diálogo, hemos iniciado procesos legales para que la situación se decida en los tribunales.
“Si el Consejo Municipal considera necesario modificar las condiciones del contrato vigente, debe someter a la consideración de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia su anulación”, indica el comunicado de PTP.
