El Consejo de Gabinete de la República de Panamá aprobó este lunes 23 de febrero de 2026 dos resoluciones trascendentales que reorganizan la administración de dos puertos del sistema nacional.
A través de las Resoluciones de Gabinete N.º 4 y N.º 5, el Estado panameño ha formalizado la contratación directa y transitoria de dos gigantes de la industria marítima para operar las terminales de Balboa y Cristóbal.
Esta intervención gubernamental surge como respuesta directa a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de 2026, la cual declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5 de 1997.
Dicha ley servía de base legal para el contrato de concesión con la sociedad Panama Ports Company, S.A., que abarca el desarrollo, administración y operación de los puertos en ambas entradas del Canal de Panamá. Ante el vacío legal y el riesgo inminente de una paralización de actividades, el Ejecutivo ordenó, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 23 de 2026, la ocupación temporal de los bienes muebles esenciales de ambas terminales para garantizar la continuidad del servicio público.
El Gobierno ha optado por un modelo de contratación excepcional, amparado en la Ley 22 de 2006, que permite este procedimiento cuando el beneficio social y la importancia estratégica nacional son primordiales. El objetivo es mantener las operaciones mientras la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) gestiona las licitaciones para concesiones a largo plazo.
Para el Puerto de Balboa, ubicado en el sector Pacífico, la Resolución N.º 4 autoriza la contratación de APM Terminals Panamá, una subsidiaria de APM Terminals BV, parte del conglomerado danés A.P. Moller - Maersk.
El contrato establece una duración de hasta 18 meses y conlleva una contraprestación económica a favor del Estado de $26.1 millones.
La elección de APM Terminals se fundamenta en su experiencia en 60 puertos a nivel mundial y en su condición de principal usuario actual de la terminal de Balboa, indica la resolución.
Por otro lado, la Resolución N.º 5 designa a TiL Panamá, S.A. (subsidiaria de Terminal Investment Limited) como el operador transitorio del Puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón.
Esta empresa, que opera en más de 30 países y maneja 70 terminales de contenedores, pagará al Estado $15.8 millones por el derecho de operación durante un periodo máximo de 18 meses.
Los documentos oficiales subrayan que una interrupción en las actividades portuarias generaría un “impacto negativo” profundo, incluyendo pérdidas millonarias por la paralización del comercio marítimo, saturación de almacenes y una pérdida de competitividad frente a otros centros logísticos regionales.
Adjuntos
Resolucion contrato con TIL.pdfEl Estado enfatiza su rol como garante del bien común y su facultad soberana de ejercer control sobre sus puertos tras el fallo judicial.
Ambas resoluciones llevan la firma del presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, y de la totalidad de su equipo ministerial.
El periodo de 18 meses que ahora comienza será crítico para que la Autoridad Marítima de Panamá diseñe un marco de concesión permanente que cumpla con los estándares constitucionales y atraiga inversiones de largo plazo.
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