La clave para atraer inversión bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP) es que los proyectos sean estructurados con transparencia, tomando en cuenta los riesgos sociales, ambientales y de gobernanza y que sean financieramente viables.
Gastón Astesiano, jefe de Equipo APP del BID, sostuvo que las necesidades de infraestructura son enormes en la región, que se pueden materializar si se avanza en la planificación y avance de los proyectos APP, que pueden acelerar obras de vialidad, transporte, energía, educación y de activos ambientales.
“Hemos visto una alta participación del sector privado tanto desarrolladores como financiadores que han mostrado interés en promover proyectos sostenibles con el medioambiente”, resaltó Astesiano.
El jefe del equipo de APP del BID precisó que el banco da apoyo técnico para estructurar proyectos y en su conjunto tiene una cartera activa de 40 proyectos en toda la región, que en caso de materializarse, tendrían un potencial de inversión superior a los 8 mil millones de dólares.
Estas fueron parte de las conclusiones del foro internacional PPP Américas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se realizó en ciudad de Panamá, y que congregó a más de 500 participantes de forma presencial de 25 países y cerca de 8,000 personas a través de la plataforma. En el evento cinco países presentaron el portafolio de proyectos que realizarán a través de APP: Panamá, República Dominicana, Brasil, Chile y Perú.
Panamá presentó 6 proyectos por alrededor de 3 mil millones de dólares entre obras de vialidad, energía e infraestructura para el poder judicial.
Perú, a través de Proinversión, dio a conocer 52 proyectos que desarrollará bajo la modalidad de Asociación Público Privada por 9 mil millones de dólares en inversión, de los cuales ya 12 están activos por 2 mil millones. El resto de la cartera se desarrollará en 2024 en sectores como energía, transporte, saneamiento, salud y educación.
República Dominicana, por ejemplo, calcula inversiones por 2,500 millones de dólares en proyectos de APP.
En el caso de Brasil, el BID está estructurando un total de 28 proyectos en sectores de energía, agua y saneamiento, educación y salud. Estos proyectos significarán inversiones privadas por 7 mil millones de dólares.

La óptica de la banca privada
En el debate sobre el modelo de gestión de las APP, Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banistmo, sostuvo que el sector financiero siempre está dispuesto a apoyar el financiamiento de obras que den valor agregado y creen un desarrollo económico sostenible para el país.
Indicó que para los bancos es fundamental que exista certeza de pago y que se realice la debida promoción efectiva de los proyectos para atraer más inversión.
Además, es crucial el manejo de los riesgos sociales, ambientales y la transparencia para apostar a la inversión de proyectos bajo la modalidad de APP.
“Panamá tiene las condiciones para atraer esas inversiones al contar con un sistema financiero robusto, integrado por bancos locales e internacionales sólidos”.
La presidenta de Banistmo precisó también que como institución financiera no pueden obviar los riesgos globales que afectan al mundo como el climático, el migratorio, además de la necesidad de incrementar la inclusión financiera y trabajar por la equidad de género. Por lo que están interesados en apoyar proyectos que tengan dentro de sus objetivos o lineamientos alguno de estos problemas para superarlos.
Mencionó que el consumidor está exigiendo que las empresas trabajen para mitigar esos riesgos y tengan en sus agendas temas sociales y ambientales. “Esto implica un gran cambio. Al abordar y hablar de brechas ambientales, el sector privado tiene que tener una participación activa y frontal en el manejo de los riesgos sociales y ambientales”, dijo.
Sostuvo además lo crucial que es involucrar a las comunidades en el proceso de rendición de cuentas.

Inversión sostenible
Matteo Banti, jefe de la delegación de la Unión Europea en Costa Rica, sostuvo que la visión es cooperar con la región para reducir la brecha de proyectos de infraestructura que se tiene y contribución porque los fondos públicos no son suficientes, por lo que hay que involucrar más al sector privado.
“La estrategia de la Unión Europea apunta a inversiones sostenibles y asociaciones confiables”, indicó Banti al señalar que se enfocan en áreas estratégicas como mitigar el cambio climático, acelerar la transición energética hacia fuentes renovables y limpias, al igual que ayudar en la agenda de transformación digital, así como en temas que ayuden a mejorar la atención y calidad de la salud, la educación y se invierta más en investigación y desarrollo.
“Estamos intentando preparar paquetes para los países socios que cubran los proyectos de inversiones. Hay financiamiento de la Unión Europea que se puede poner a través de herramientas e instrumentos”, apuntó.
Sostuvo Banti que el entorno para atraer inversiones es clave con una normativa transparente y clara; y una política pública que beneficie y propicie las APP.
“Muchas veces lo que detiene una inversión en tecnología innovadora es el marco regulatorio. La Unión Europea trabaja en esta parte para ayudar a mejorar el marco normativo de la región y de los países”, agregó.

Riesgos en los contratos
Otro problema en muchos proyectos APP es que no cumplen con los criterios Medioambientales, Sociales y Gobernanza conocidos como ESG por sus siglas en inglés (“Environmental, social and corporate governance), indica Elizabeth Robberechts, oficial líder de Inversión en BID Invest.
“Contamos con estándares para cumplir con los criterios ESG en los proyectos. El tema es que muchas veces [los inversionistas] están algo saturados con tantos requisitos. Pero es fundamental tomar en cuenta el manejo de los riesgos sociales, ambientales y de gobernanza, porque esos riesgos que no son financieros, pueden pasar a ser financieros si no se mitigan adecuadamente”, planteó Robberechts.
Gaela Gehring Flores, socia de la firma Allen & Overy, experta en arbitrajes internacionales, sostiene que desde el punto de vista legal, los proyectos (incluso de APP) pueden ir a disputas en tribunales internacionales porque cuando se acordaron los contratos no se previeron bien los riesgos. Y no se dejó claro quién los asumiría.
“Lo que yo he visto son suposiciones de riesgos que han llevado a litigios prevenibles. Hay que estar claros en que el cero riesgo no existe en la vida real. La otra suposición que muchos hacen en los proyectos, es que el Estado debería asumir todo el riesgo o gran parte del riesgo. Eso no es conveniente, cuando se da una disputa y se lanza ese argumento de que el Estado debió asumir el riesgo, la ley internacional de inversiones de hoy no lo permitirá y un tribunal internacional no vería ese argumento de forma correcta”, indica la experta legal.
Desde su experiencia recomienda que al momento de estructurar un proyecto de Asociación Público Privada quede bien plasmado qué tipo de riesgos asumirá un inversionista. Menciona que algunas veces en pleno proyecto aparecen riesgos relacionados con el cambio de la regulación, temas de protección laboral, ambiental y de salud pública, incluso problemas de paralización por protestas.
Indica que es fundamental analizar cómo minimizar los riesgos y ver incluso antes de que se acuerde un proyecto, qué tipo de riesgo asumirá el inversionista y qué tipo de litigio se puede presentar para prevenirlo.
