Al menos cuatro ingenios azucareros han manifestado interés en incursionar en la producción de bioetanol en Panamá, en medio de la discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de ley 443, que propone la mezcla obligatoria de etanol con gasolina.
Se trata de Santa Rosa (Azucarera Nacional), Grupo Calesa (Compañía Azucarera La Estrella, S.A.), Central Azucarera de Alanje y Central Azucarera La Victoria, según confirmó el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, durante el segundo debate de la iniciativa en la Asamblea.
De este grupo de empresas, la que más ha resonado es la Central Azucarera de Alanje, perteneciente a la familia del actual contralor de la República, Anel Flores.
En noviembre de 2024, la sociedad registró cambios en su junta directiva, luego de que una reunión extraordinaria de accionistas aprobara la remoción de Anel Humberto Flores de la Lastra (el contralor) del cargo de director y presidente. En consecuencia, se nombró a Alejandro Bosco Flores de la Lastra, su hermano, como nuevo director presidente.
En la misma reunión también se designó a Andrés Alberto Flores Icaza, su hijo, como director tesorero, y a Nicolás Alejandro Flores Arauz como director vocal, según consta en el acta protocolizada e inscrita en el Registro Público.
Durante el debate en el pleno de la Asamblea, representantes del sector azucarero defendieron el potencial impacto económico del proyecto. Rodrigo Cardenal, presidente de Azúcar Paseo del Grupo Calesa, señaló que la industria podría generar hasta 30 mil empleos directos e indirectos.
“El cálculo se basa en el efecto multiplicador del cultivo de caña de azúcar, donde por cada empleo directo se crean alrededor de 2.5 indirectos, una relación que se ha observado en países como Brasil, Colombia, Paraguay y México”, explicó.
Según detalló, de ese total se estiman entre 8 mil y 9 mil empleos directos, mientras que el resto correspondería a empleos indirectos vinculados a la cadena productiva.
Cardenal indicó que, de aprobarse la ley, los primeros 18 a 24 meses estarían enfocados en la preparación del terreno, la adquisición de equipos, la incorporación de pequeños y medianos productores y el desarrollo de infraestructura agrícola e industrial.
“Hay que diseñar las tierras, comprar sistemas de riego, tractores, maquinaria y construir las plantas industriales. Esto generará empleo intensivo durante la fase de instalación”, sostuvo.
Añadió que actualmente un ingenio ya puede generar más de 2 mil empleos directos, que incluyen desde mano de obra en campo hasta personal técnico especializado, como ingenieros agrícolas, mecánicos, eléctricos y personal de laboratorio.
Con la producción de etanol, dijo, se requeriría además personal adicional en áreas como química, control de calidad y seguridad industrial.
El empresario también destacó el impacto en otras actividades, como transporte de personal, movilización de materia prima y logística para el traslado del etanol, una actividad que actualmente no existe en el país.
Asimismo, señaló que el proyecto podría extender la duración de los empleos vinculados a la zafra, al aprovechar mejor la temporada seca.
Por otro lado, el abogado especialista en derecho ambiental, Harley Mitchell Moran, indicó que en los últimos años se ha dado un proceso de transición en la industria cañera para reducir las quemas, a través de acuerdos con el Ministerio de Ambiente que han derivado en resoluciones administrativas vigentes.
“La tendencia es que la producción de caña se realice en verde, disminuyendo progresivamente las prácticas tradicionales de quema, que en muchos casos aún realizan proveedores bajo esquemas más tradicionales”, explicó.
Añadió que esta transformación ha implicado inversiones por parte de la industria y ha permitido reducir los incidentes asociados a estas prácticas en los últimos años.
Mitchell también vinculó el desarrollo de los biocombustibles con compromisos internacionales asumidos por Panamá, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificada mediante la Ley 10 de 1995.
En ese sentido, indicó que las políticas públicas deben equilibrar la reducción de emisiones con la protección del agro, el comercio y la inversión, promoviendo el desarrollo sostenible.
Asimismo, recordó que la Estrategia Nacional de Cambio Climático de 2015 contempla el fomento de biocombustibles como una de las medidas para mitigar el impacto ambiental.
El segundo debate del proyecto sobre el bioetanol se retomará este lunes 27 de abril.
