La Asociación Marítima de Panamá (MAPA) que en su mayoría agrupa a empresas navieras y del sector marítimo advirtió sobre los riesgos de debilitar la seguridad jurídica en el país de aprobarse el anteproyecto de ley 119, presentado el pasado 11 de agosto de 2025, que propone derogar el contrato suscrito en 1998 entre el Estado panameño y la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC).
En un comunicado, MAPA se sumó a la voz de la Cámara Marítima de Panamá que alertó sobre los efectos negativos que puede tener el anteproyecto de ley presentado por el diputado Crispiano Adames.
El gremio reiteró que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para la atracción de inversiones y el fortalecimiento del papel de Panamá como hub marítimo y logístico de la región. El gremio subrayó que cualquier revisión de contratos debe realizarse con base en análisis técnicos, transparencia y apertura al diálogo.
Recordó que el contrato ferroviario vigente —renovado en 2023— contempla mecanismos de fiscalización y reconoce la facultad del Estado para auditar las operaciones de la concesionaria.
“El contrato ferroviario vigente, aprobado por la Asamblea Nacional y renovado en 2023, incluye mecanismos claros de fiscalización y reconoce la facultad del Estado para auditar las operaciones de PCRC. Desconocerlo de manera unilateral no solo afectaría la institucionalidad, sino que podría enviar un mensaje preocupante a inversionistas nacionales e internacionales sobre la falta de estabilidad de las reglas en Panamá”, manifestó MAPA, gremip presidido por Ricardo Lince Boyd.
MAPA enfatizó además que el contrato con PCRC no otorga exclusividad, lo que permite al Estado otorgar nuevas concesiones ferroviarias transoceánicas si lo considera oportuno. “Lo importante es que las decisiones se tomen dentro del marco de la ley y en un entorno que brinde certeza jurídica a todos los actores”, puntualizó el gremio.
El anteproyecto de ley fue presentado por los diputados Crispiano Adames (PRD) y Joan Manuel Guevara Rodríguez (Alianza), quienes argumentan que la prórroga hasta 2049 se aprobó sin las formalidades constitucionales y legales requeridas. La iniciativa plantea que, una vez derogado el contrato, el Ejecutivo convoque a una licitación pública internacional para otorgar una nueva concesión bajo condiciones más transparentes y beneficiosas para el Estado.
La concesión ferroviaria ha sido objeto de críticas y cuestionamientos. En 2023, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá aprobó su prórroga por 25 años más, mientras que a finales de 2024 el Ministerio Público abrió una investigación penal tras denuncias sobre posibles irregularidades en la extensión.
Igualmente, el contralor general, Anel Flores, también adelantó que la concesión forma parte de las auditorías que ejecutará su despacho, señalando posibles afectaciones patrimoniales por el subarrendamiento de terrenos estatales a instituciones como la Autoridad Nacional de Aduanas y el Metro de Panamá, S.A.
MAPA exhortó a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional a conducir el debate con responsabilidad y transparencia. “Defender la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, fortalecer la institucionalidad democrática es la mejor garantía para un desarrollo sostenible del sector marítimo, logístico y de la economía nacional”, concluyó el gremio.
