El presidente de la República, José Raúl Mulino, dejó claro que de convertirse en ley, el proyecto 119 que propone derogar el contrato entre el Estado y la empresa Panama Railway Company, será vetado por el Ejecutivo.
“Ese proyecto si llega a ser ley, lo veto, noticia terminada”, dijo el mandatario.
En agosto pasado los diputados Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático, y Joan Manuel Guevara Rodríguez, del Partido Alianza, presentaron a consideración de sus colegas en la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley 119, que derogaría en todos sus términos la Ley 15 del 17 de febrero de 1998, la cual contiene el contrato entre el Estado y la empresa operadora del ferrocarril transístmico de Panamá.
El presidente José Raúl Mulino advirtió: “Ese proyecto, si llega a ser ley, lo veto”, refiriéndose a la derogatoria del contrato entre el Estado y Panamá Canal Railway Company.
— La Prensa Panamá (@prensacom) September 18, 2025
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El anteproyecto fue prohijado a mediados de agosto y se convirtió en proyecto de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional y deberá ser analizado para su discusión en primer debate.
Mientras esto sucede, la propuesta ha encontrado la oposición y el rechazo unánime de todos los gremios del sector logístico y marítimo: Cámara Marítima de Panamá, Asociación Marítima de Panamá, el Consejo Empresarial Logístico, Apede y otros gremios.
La operación de Panama Canal Railway Company fue adquirida en abril de este año por la empresa APM Terminals (APMT), una división independiente de la naviera danesa Maersk, que desembolsó 600 millones de dólares.
¿Qué propone el proyecto de ley?
Los proponentes, los diputados Adames y Guevara Rodríguez, argumentan que la prórroga extendida unilateralmente hasta el año 2049 a Panama Canal Railway Company, no cumplió con las formalidades constitucionales y legales correspondientes.
La iniciativa legal establece que, una vez derogada la concesión, corresponderá al Órgano Ejecutivo iniciar un nuevo proceso de licitación pública internacional, ajustado a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes vigentes. El objetivo es garantizar que el Estado panameño obtenga mayores beneficios económicos y sociales, asegurando la transparencia en la selección del nuevo concesionario que tendrá a su cargo la operación del Ferrocarril del Canal de Panamá.
Críticas al contrato
En febrero de 2023, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, aprobó la prórroga al Contrato Ley N°70 del 22 de enero de 1991, por un periodo de 25 años.
Esa prórroga le permitió a los operadores del Panama Canal Railway Company continuar con la concesión hasta 2049 con las mismas cláusulas, pese a que en 1998, cuando se firmó el contrato, las condiciones y circunstancias del mercado eran completamente diferentes a las actuales.
A finales de diciembre de 2024, el Ministerio Público abrió una investigación penal por la extensión del contrato del ferrocarril a Panamá Canal Railway, luego de que el diputado Eduardo Gaitán (Vamos), presentara una denuncia solicitando que se investigue si hubo o no responsabilidad y la posible comisión de algún delito en este caso.
Además de la extensión, se ha cuestionado que el ferrocarril subalquile terrenos del Estado a la Autoridad Nacional de Aduanas y al Metro de Panamá, S.A., este último paga anualmente $700,363.45 a la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC) por el uso de varios locales en el corregimiento de Ancón.
Paralelamente, el contralor general de la República, Anel Flores, ha señalado que esta concesión estaría en la lista de las revisiones y auditorías que proyecta hacer su despacho.
“Esta en la lista de las compañías que se van a auditar, allí hay varias aristas que tenemos que ver, por ejemplo hay terrenos que se alquilan o subalquilan que son del Estado panameño y se lo alquilan a entes del Estado. Obviamente para mi eso es una lesión patrimonial, que veremos en su momento”, dijo el 10 de marzo de 2025 en Telemetro el Contralor.
