La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) atendió en 2020 un total de 17 solicitudes de cooperación internacional, “en que se nos requirió apoyo para identificar actividades alejadas del marco legal y trazar operaciones en que se requiere respuesta inmediata”, señaló la entidad en un comunicado.
Las solicitudes llegaron procedentes de Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Ecuador, China y Uruguay.
La SMV presentó algunas de las acciones que ha acometido dando seguimiento a las recomendaciones establecidas en el plan de acción pactado por el Gobierno de Panamá y el Grupo de Acción Financiera (GAFI) con el objetivo de reforzar el régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Uno de los aspectos que debe mostrar Panamá es la efectividad de su marco legal, en forma de investigaciones y, eventualmente, sanciones administrativas o penales, de ser el caso.
El regulador señaló que a partir de la implementación de una supervisión con base en riesgo, se aplicaron las acciones sancionatorias que pudieran derivarse de posibles incumplimientos a la Ley 23 de 2015, que adoptó medidas para prevenir el blanqueo de capitales, y la Ley del Mercado de Valores. Así, la Superintendencia concluyó 13 procedimientos de investigación, de los cuales en nueve se aplicaron sanciones.
Las acciones de supervisión se enfocaron en la efectividad de la gestión de los riesgos, principalmente en las adecuaciones de los sistemas de monitoreo de transacciones; registros y seguimientos de operaciones inusuales y operaciones sospechosas; así como la necesidad de establecer señales de alerta y tipologías relacionadas al financiamiento del terrorismo, la evasión fiscal y la corrupción, apuntó el regulador.
El pasado 25 de febrero, el GAFI mantuvo a Panamá en su lista gris, que identifica a jurisdicciones con deficiencias en sus regímenes de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
El organismo reconoció ciertos avances del país, pero también dijo que 13 de los 15 puntos del plan de acción están pendientes y que todas las fechas de cumplimiento se habían vencido, por lo que instó a las autoridades panameñas a tener un progreso rápido en la implementación de las recomendaciones.
