Los subsidios estatales se dispararon a partir de 2020 tras la pandemia de la covid-19 debido a que además de las subvenciones que ya existían, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo creó nuevas ayudas económicas.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el mayor porcentaje de los subsidios se destina a los hogares con apoyo por los efectos de la pandemia de la covid-19 como el vale digital, los bonos físicos y bolsas de alimentos para las familias afectadas por la crisis.
Este gasto en subsidios se disparó de manera consecutiva durante los últimos tres años y ha estado por arriba de los aportes que ha entregado el Canal de Panamá al Estado durante el mismo periodo en concepto de excedentes y derechos por toneladas transitadas.
Por ejemplo, en 2020 el Canal aportó al Estado $1,824 millones, mientras que el gasto en subsidios ascendió a $2 mil 848 millones, es decir, mil 24 millones de dólares más. Igualmente, en 2021 los aportes del Canal fueron de $2 mil 80 millones, en tanto que los subsidios sumaron $2 mil 881 millones.
Para este 2022 el monto total de los subsidios, según la Dirección de Presupuesto del MEF, es de $2 mil 586 millones, mientras que los aportes del Canal al Tesoro se presupuestaron en $2 mil 497 millones.
En este escenario, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Temístocles Rosas, advierte que si no se controlan los subsidios, los aportes del Canal nada más van a llegar a cubrir las subvenciones, pese a que hay personas que creen que los dineros del Canal se pueden utilizar para solucionar la crisis financiera del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, entre otros.
Rosas subrayó que todos los subsidios que fueron otorgados durante la crisis sanitaria de la covid-19 “tienen que concluir y no pueden mantenerse para el futuro, porque el erario público no lo soporta”.
Agregó que los subsidios al tanque de gas para cocinar de 25 libras, electricidad y otros, que ya vienen desde hace años, tienen que revisarse en algún momento “porque están siendo una carga de cerca del10% del presupuesto general del Estado”.
Pese a que, según el MEF, el total de los subsidios en el presupuesto para 2023 asciende a $1,843 millones, Rosas señala que no siempre la cifra que se proyecta en el presupuesto es la definitiva porque en el camino van ajustando hacia arriba como ha sido la práctica de este gobierno y de algunos anteriores.
Sin embargo, el dirigente empresarial dijo que los subsidios que se dieron en pandemia sí tuvieron un impacto en reducir la pobreza, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, pero llamó la atención de que no puede haber una política de subsidio para todo.
Pero hay quienes consideran que otros sectores de la sociedad reciben beneficios con mayor peso que los subsidios. Según el economista, Felipe Argote se trata de las exoneraciones que se otorgan a grandes empresas y que no necesitan ese beneficio.
“Es un subsidio que no es visible como el que se otorga a algunas empresas hoteleras por cerca de mil 800 millones de dólares en exoneraciones, que es lo mismo que si se les hubieran entregado en su bolsillo”, señaló Argote.
Se trata de empresas que no necesitan ese dinero o que pretenden hacer negocios solo sobre la base de que las inversiones le salgan gratuitas. Pero señala que el peor subsidio es el bono solidario que se le entrega a algunas personas que supuestamente están estudiando y otros que están haciendo trabajo comunal. Los que tienen bono solidario y que suman unas 300 mil personas “no se les ve en la calle realizando trabajo comunitario”, dijo.
“El problema que hay en este país es que el único subsidio bueno es el que me dan a mí y todos los demás son malos. Todo mundo quiere un subsidio y que se le quite a los demás”, dijo Argote. Cree que se debe mantener el subsidio de los 120 a los 65, el que se otorga a la educación o estudiantes, pero subrayó que se debe quitar el trabajo comunal.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) también advierte sobre cómo el Gobierno recurre a subsidios y programas sociales que, aunque forman parte de los deberes fundamentales del Estado, “representan una pesada carga en el gasto público”.
El gremio empresarial que preside Marcela Galindo, considera que los gobiernos deben asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos y mantener el control de los mismos o disminuirlos para que lleguen a la población objetivo y con los incentivos correctos para evitar su abuso.
Según la Cciap, en algunos casos estas medidas pueden ser graduales y en otros, como se hizo con el subsidio eléctrico, demarcando el nivel tope de consumo para ser sujeto de subsidio.
“Nos preocupa que los subsidios tengan un manejo enteramente político y con incrementos que luego son difíciles de reversar”, señala la Cciap. Por ello, considera que los subsidios deben enfocarse en los grupos vulnerables y con fecha de terminación, “ya que a mediano plazo los incentivos se vuelven negativos y esto se profundiza en periodos de crisis, así como programas de inserción en la economía, para esta parte de la población”.
