El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 17.8 millones de pasajeros en 2023, superando por primera vez las cifras previas a la crisis provocada por la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19).
En 2019, la terminal aérea, que es controlada al 100% por el Estado, manejó un flujo de 16.5 millones de pasajeros, mientras que en 2022 el tráfico alcanzó los 15.7 millones de personas.
En diciembre de 2023, la terminal registró un tráfico de un millón 606 mil 558 personas, siendo el mayor movimiento mensual reportado el año pasado, donde el promedio fue de 1.4 millones.
Raffoul Arab, gerente general de Tocumen S.A., dijo que “el desempeño en 2023 fue el resultado de la confianza de las aerolíneas que han aumentado sus frecuencias y destinos, respaldadas por las garantías de operaciones seguras y puntuales que les hemos proporcionado. Estos hechos fortalecen la reputación y relevancia de Panamá como el principal punto de tránsito y conectividad regional de pasajeros y carga”.
De acuerdo con el reporte, el 71% del tráfico manejado por Tocumen fueron pasajeros en conexión que utilizaron el centro que opera en el aeropuerto para luego dirigirse a ciudades como Miami, Bogotá, Medellín, San José, Punta Cana, Cancún, Orlando, Sao Paulo, Lima y Guayaquil, que fueron las que registraron mayor tráfico desde Panamá el año pasado.
Tocumen cuenta con 54 puertas de abordaje, 20 de ellas operan en el edificio de 116 mil metros cuadrados donde opera la nueva terminal de pasajeros que entró en operación en junio de 2022. La semana pasada, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas revocó la resolución administrativa del contrato (anulación) que había ordenado Tocumen en septiembre de 2021 en contra de Odebrecht (CNO).
El tribunal falló a favor de la empresa brasileña, que alegaba que Tocumen no estaba facultado para anular el contrato. En opinión de los tres magistrados del Tribunal, Tocumen perdió su facultad de anular el contrato, porque ya había firmado el acta de aceptación sustancial y, desde entonces, ha utilizado el edificio que terminó costando 917 millones de dólares.
Antes estos argumentos voceros de Tocumen señalan que “ni la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, ni el contrato suscrito con la empresa contratista, establecen de modo alguno que, habiéndose realizado entregas sustanciales de obra, el Estado panameño se encuentre impedido de resolver administrativamente un contrato frente a incumplimientos contractuales”. Añaden que “la entrega sustancial no es sinónimo o equivalente a entrega final de obra”.
La administración del aeropuerto confirmó que acudirán a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se revierta la decisión del Tribunal de Contrataciones Públicas.
