A medida que se conocen los detalles de los puntos donde el Gobierno y Minera Panamá están distantes de alcanzar un acuerdo y firmar el nuevo contrato y continuar con la operación de la mina Cobre Panamá, la incertidumbre se acrecienta entre los 5 mil 941 trabajadores directos del proyecto ubicado en las montañas de Donoso, provincia de Colón.
La semana pasada la empresa confirmó uno de los mayores temores entre los trabajadores de la mina y es que de no lograr un acuerdo que evite la implementación del plan de mantenimiento y cuido, tendrá que suspender un número “significativo” de contratos.
Este anuncio llevó a los trabajadores a solicitar una cita con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris Zapata, encuentro que se realizó ayer, miércoles.
Francisco Díaz, secretario general de Utramipa, comentó que después del anuncio que hizo la semana pasada la filial de la canadiense First Quantum Minerals, de realizar recortes en los gastos, incluyendo la planilla laboral de no lograrse un acuerdo, a los trabajadores les preocupa el pago de sus obligaciones adquiridas como préstamos y demás descuentos.
“Le preguntamos a la ministra si el Gobierno asumirá los pagos o quién sería el responsable de cumplir con las obligaciones financieras de darse la suspensión de contratos”, manifestó el sindicalista.
Ante la interrogante, Díaz señaló que la funcionaria explicó que por el momento no tenía una respuesta, ya que todavía no se ha implementado el plan de mantenimiento y cuido, debido a que la empresa no ha agotado los recursos que le permite la ley para detener lo ordenado por la resolución emitida por la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
La empresa busca a toda costa no llegar a ese momento de paralizar las operaciones comerciales.
Minera Panamá confirmó que el 10 de enero presentó la apelación para frenar la resolución que ordenó el plan de cuido y mantenimiento requerido.
Tristan Pascall, Ceo. de First Quantum Minerals, había adelantado en una llamada con analistas financieras que este sería el paso a seguir.
Minera Panamá tenía hasta ayer 11 de enero como fecha límite para presentar un recurso de apelación ante el Mici contra la resolución del Director Nacional de Recursos Minerales que rechazó previos recursos de reconsideración presentados contra la orden de implementar un plan de mantenimiento y cuido.
Una vez presentado el recurso de apelación, el Mici tiene un plazo de hasta dos meses para tomar una decisión.
“Con la resolución que resuelve la apelación, estaría en firme el acto administrativo, y Minera Panamá, S.A. podría en ese momento considerar presentar recursos judiciales contra la decisión ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia”, dijo el Mici.
Esta dependencia indicó que “Panamá respeta el estado de derecho y debido proceso, por lo que al estar pendiente estos recursos, es difícil estimar una fecha exacta en la que comenzaría a correr el plazo de Minera Panamá para presentar el plan de cuido y mantenimiento”.
De implementarse el plan de mantenimiento y cuidado, se detendrá la exportación del concentrado de cobre y se reducirá al mínimo la operación de la planta procesadora.
En este escenario la compañía debe continuar con las gestiones ambientales dentro de la concesión de 13 mil 600 hectáreas para evitar accidentes dentro del proyecto y en las zonas aledañas.
El secretario de Utramipa indicó que la empresa no les ha comunicado el número de contratos que serían suspendidos de ejecutarse la orden de cierre de las operaciones comerciales, ya que todos los días hay nuevos elementos que modifican el estado de las conversaciones que se mantienen con el Gobierno para lograr un acuerdo.
En un comunicado interno Minera Panamá informó la semana pasada a sus trabajadores que “en ausencia de un acuerdo, nos preocupa que el gobierno nos exija poner la mina bajo cuido y mantenimiento. Este es un paso drástico y en nuestra opinión, innecesario, que potencialmente tendrá un gran impacto en nuestros empleados, proveedores y las comunidades aledañas. Esta no es una acción que deba tomarse a la ligera, pero lamentablemente nos veremos obligados a seguir la directiva del gobierno, si los términos finales pendientes no pueden resolverse sobre una base razonable”, señala el comunicado.
La empresa asegura que mensualmente paga más de 22 millones de salarios y que trabaja con más de 2 mil proveedores locales con un volumen de compra de 550 millones de dólares durante el año 2021.
Ayer, Zapata informó que la oficina especializada en minas ubicada en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, continúa realizando las inspecciones en la mina para verificar el cumplimiento de la normativa panameña en materia labora. Sostuvo que el Gobierno se mantiene en su posición con base en los términos pactados hace un año.
La funcionaria ha señalado que cualquier decisión que tome la minera en función del cese de los trabajadores, “debe ser previamente consultado y aprobado” por el Mitradel, conforme lo dicta el Código de Trabajo.
Actualmente, en la concesión hay, en este momento, 3 mil 241 trabajadores de campo, mientras que otros 2 mil 700 están en labores administrativas. A estos trabajadores hay que sumar los empleados de los subcontratistas.
Durante el plan de mantenimiento y cuido implementado en 2020 debido a la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19), Minera Panamá suspendió el contrato a 7 mil trabajadores. Dirigentes de Utramipa indicaron que la situación actual es diferente, porque hace tres años había que respetar el distanciamiento en los dormitorios dentro del proyecto, por lo cual, el número de contratos suspendidos debiera ser inferior.
