En agosto pasado, la Ley 41 que creó el régimen especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) en Panamá alcanzó la mayoría de edad.
Tras un inicio lento con el arribo de las dos primeras compañías, Maersk y Procter & Gamble, en 2007, 18 años después hay 186 empresas que manejan desde Panamá sus operaciones regionales.
Jeannette Díaz Granados, directora general de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), dijo a La Prensa que actualmente se analizan otras cuatro solicitudes de incorporación al régimen.
Indicó que ya se completaron las estadísticas de 2024 con base en la información proporcionada por las SEM, las cuales arrojaron un aporte directo a la economía de 1,540 millones de dólares. Explicó que se trata de activos fijos, incluyendo gastos operativos y fondos que, según precisó, ingresan directamente a través de proveedores, planilla y otros servicios que requieren empresas locales.
Automotriz, aeronáutica, manufactura, entretenimiento, mercadeo, publicidad, investigación, bienes de consumo y cuidado personal, alimentos y bebidas, textiles, calzado y joyería, transporte y logística, tecnología, telecomunicaciones, químicos básicos e industriales, farmacéuticas, consultoría general, servicios financieros, seguros y afines, energía, petróleo y gas, ingeniería y construcción son los sectores donde operan las empresas SEM establecidas en el país.
En 2025 se han instalado cinco nuevas empresas dentro del ecosistema SEM, procedentes de Estados Unidos, Italia, México, Venezuela y China.
Entre los requisitos que deben cumplir las compañías que buscan obtener los beneficios de la Ley 41 están los relacionados con los activos, que deben ser iguales o mayores a 200 millones de dólares. Si la empresa no cumple con este punto, también puede solicitar la licencia SEM si comprueba que presta servicios a por lo menos siete filiales, subsidiarias o compañías asociadas.
¿Modificaciones?
Ante la pregunta sobre la necesidad de hacer ajustes al régimen, Díaz Granados comentó que, por el momento, no se tienen contempladas modificaciones, aunque no descartó que puedan darse, tomando en cuenta el dinamismo de la economía internacional.
“El régimen tiene que ajustarse a las necesidades del comercio internacional y de las multinacionales. Pensar que va a ser estático no sería lógico. Actualmente, como está el régimen, pensamos que es funcional, pero siempre hay oportunidad para mejoras, y eso lo veremos en el contexto del comercio internacional”, manifestó la funcionaria.
Una opinión similar expresó Tony Roldán, presidente de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem), quien sostuvo que la actual normativa es adecuada, agregando que tratar de complicarla o añadirle más elementos a la Ley 41 podría generar burocracias o complejidades innecesarias.
En cambio, el ejecutivo recomendó aumentar la promoción de las leyes de sedes multinacionales y de las Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), con el fin de que nuevas compañías se instalen en el país.
“Hoy día las empresas SEM aportan más de 15 mil millones de dólares en inversiones al país, generan más de 13 mil empleos directos y otros 25 mil indirectos. Nuestros presupuestos se gastan en Panamá y más del 70% de nuestros proveedores son panameños”, destacó el presidente de Casem.
Resaltó que Panamá tiene una ventaja sobre otros países para atraer más inversiones, al contar con dos regímenes especiales ya aprobados: el SEM y el EMMA. Este último, comentó, puede ser aprovechado para que empresas de semiconductores y tecnologías médicas establezcan parte de su manufactura y logística en el país.
La normativa EMMA permite que las empresas que reciban la licencia puedan establecerse físicamente en Áreas Económicas Especiales como la Zona Libre, Panamá Pacífico o en cualquier zona primaria aduanera existente, así como en cualquier parte del territorio nacional donde se permita el desarrollo de dichas actividades y servicios.
Bajo este régimen pueden operar compañías vinculadas con la manufactura, ensamblaje, remanufactura, logística, acondicionamiento y reparación de productos, entre otros.
Como parte de los requisitos, las empresas deben demostrar que los activos de su grupo empresarial son iguales o mayores a 75 millones de dólares, o que el solicitante presta servicios a por lo menos tres filiales o asociadas. La empresa con licencia EMMA puede importar, libre de impuestos, materia prima o insumos, así como equipos y maquinarias necesarios para la manufactura.
La directora de Sedes de Empresas Multinacionales del MICI comentó que hay dos licencias EMMA aprobadas y reconoció que ha sido un reto convencer a las multinacionales de que Panamá posee el ecosistema adecuado para manufacturar.
“Las multinacionales están enfocando sus manufacturas en países como Brasil, Argentina y México, así que es desafiante, pero no imposible. Lograr que una multinacional, ya sea para SEM o EMMA, decida instalarse en Panamá es un proceso largo que puede tardar entre tres y cuatro años, pero nos destacamos por la atención que brindamos durante todo el proceso previo y posterior a la decisión”, comentó.
Personal
Actualmente, el 50% del personal contratado por empresas SEM es panameño. Ante la demanda de mano de obra calificada, el gremio que agrupa a las empresas multinacionales en el país lanzó la Academia SEM, que permitirá a estudiantes universitarios adquirir habilidades blandas y digitales para participar en el mundo laboral. Una vez terminada la capacitación, señaló Roldán, los estudiantes realizarán pasantías en empresas multinacionales.
“Estamos realmente construyendo el puente entre el talento y las necesidades de las empresas, en un esfuerzo conjunto. Esperamos que en una segunda edición de la capacitación se dupliquen los cupos, ya que iniciamos con 32, y el objetivo es seguir formando al personal que requieren las multinacionales”, indicó el ejecutivo.
El presidente de Casem añadió que la principal limitante del talento en Panamá es el manejo del idioma inglés, que representa la mayor barrera para la inserción laboral, sumado a las deficiencias en habilidades blandas y digitales.
