La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este martes 1 de septiembre que su junta directiva acordó derogar la Resolución JD No. 012-2026, publicada el pasado 28 de agosto en la Gaceta Oficial No. 30600, que establecía restricciones al acceso público a información relacionada con concesiones portuarias y otros procesos administrativos del sector marítimo.
La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria de la junta directiva, convocada luego de la controversia generada por la medida y del llamado del presidente de la República, José Raúl Mulino, a reconsiderar la resolución.
La disposición había generado inquietud en sectores vinculados a la actividad marítima y portuaria por sus posibles implicaciones para el acceso a la información pública y la transparencia.
La resolución establecía restricciones que, de acuerdo con el contexto de la medida, podían extenderse hasta el año 2036.
En su comunicado de este martes, la AMP explicó que la adopción de la resolución respondió a la necesidad de proteger los intereses del Estado y resguardar información de carácter confidencial, cuya divulgación −según la institución− podía incidir en procesos legales en curso y afectar la defensa del patrimonio público.
La entidad citó el artículo 8 de la Ley 6 del 22 de enero de 2002, que establece la obligación de las instituciones del Estado de brindar información sobre su funcionamiento y actividades, con excepción de aquella considerada confidencial o de acceso restringido.
Según la AMP, bajo este marco jurídico, la Junta Directiva consideró que la Resolución JD No. 012-2026 tenía como propósito proteger información cuya divulgación pudiera comprometer intereses jurídicos y patrimoniales del Estado, y aseguró que no existía intención de limitar el derecho de acceso a la información pública.
Mulino pidió reconsiderar la medida
La derogación ocurre después de que el presidente Mulino solicitara a la AMP revisar la resolución publicada el viernes 28 de agosto.
La medida había generado cuestionamientos debido a que restringía el acceso a información relacionada con concesiones portuarias y otros procedimientos administrativos del sector marítimo.
Mulino manifestó públicamente que desconocía las razones por las que se había adoptado la disposición, mientras que diputados como Janine Prado y Alexandra Brenes también cuestionaron la medida y plantearon interrogantes sobre su alcance.
La resolución había sido firmada por el administrador de la AMP, Luis Roquebert, y por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque Ferro.
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