La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional calificó este lunes de “abuso de poder” la resolución con la que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) restringió el acceso público a la información sobre concesiones portuarias.
En un comunicado, la organización concluye que la Resolución Nº 12-2026 “viola, sin matiz alguno, la Ley 6 de 2002”, la norma que regula la transparencia en la gestión pública.
La junta directiva de la AMP adoptó la resolución en marzo, pero la medida apenas se publicó en la Gaceta Oficial el viernes 28 de agosto. Es decir, cinco meses después, y tendrá vigencia hasta 2036. El texto declara restringido el acceso a los expedientes bajo competencia de la entidad.
La fundación celebró, además, “la rápida reacción de rechazo” del presidente José Raúl Mulino. El mandatario cuestionó la medida este lunes 31 de agosto, en su cuenta de X. Dijo desconocer las razones por las que la AMP considera confidencial cierta información y pidió, “respetuosamente”, que la reconsideraran.
Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 31, 2026
Mulino, sin embargo, cuestionó una decisión adoptada dentro de su propio gobierno.
La resolución que rechaza lleva la firma de Virna Luque, viceministra de la Presidencia y una de las funcionarias de mayor confianza del mandatario, y de Luis Roquebert, administrador de la AMP, un cargo que el propio Mulino designó en 2024.
La fundación advierte que la Ley 6 de 2002 establece con claridad, en su Capítulo IV, qué información puede declararse confidencial, y que los expedientes administrativos que maneja la AMP no forman parte de esa lista.
Cuestiona, además, que la resolución invoque el artículo 1 de la ley, que, alegan, contiene una definición general y no una facultad para restringir información, y al artículo 16, que a su juicio impone una obligación de justificación limitada a las materias que enumera el Capítulo IV, no una autorización abierta para declarar reservado cualquier expediente.
Advierte que, si cada institución pudiera restringir el acceso a partir de esa definición inicial, la Ley de Transparencia “no tendría ningún sentido”. Panamá fue, recuerda la organización, el primer país de la región con una ley de acceso a la información pública.
Más reacciones
Otros sectores de la población han criticado la medida. Diputados opositores, abogados, entre otros, han alzado su voz.
“Otro candado a la transparencia”, dijo la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos.
Otro candado a la transparencia 🔒
— Janine Prado (@janineprado06) August 31, 2026
Ahora la AMP restringe por 10 AÑOS información sobre concesiones, licencias e investigaciones.
Demasiados secretos en un Gobierno que administra recursos y bienes de TODOS.
Lo público no se esconde señores 😡
Se rinde cuentas https://t.co/PrKexu6x3s
Su colega Neftalí Zamora, opinó de manera similar. “Fatal mensaje. Todas las concesiones deben ser públicas”, escribió en X.
Fatal mensaje. Todas las concesiones deben ser públicas.
— Neftali Zamora 🇵🇦 (@neftalizamorai) August 31, 2026
Por acciones como esta, hemos presentado un proyecto de ley para crear "Panamá en Concesiones". El panameño merece saber cómo se administran los activos del país.https://t.co/lvw3bKsDqy
Al momento de redactar esta noticia, la AMP no se había pronunciado.
