La ausencia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, marcó el tono de la sesión en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. A diferencia de sus pares de las demás universidades oficiales del país, que sí acudieron a sustentar sus memorias de 2025, la titular optó por no presentarse y delegó la exposición en el vicerrector, Pedro González.
Su intervención, más que ceñirse a un informe técnico, terminó por delinear —con cifras y advertencias— un panorama de asfixia presupuestaria. “Vamos a ver cómo se desarrolló el presupuesto en la Universidad Autónoma de Chiriquí en 2025”, inició, antes de detallar que la institución recibió “un presupuesto total de 72 millones de dólares”, de los cuales “69.2 millones eran de funcionamiento y 2.8 millones correspondieron a inversiones”.
El contraste entre lo solicitado y lo asignado fue uno de los puntos más críticos de su exposición. Según explicó, la universidad había proyectado necesidades por 138.1 millones de dólares, pero solo obtuvo poco más de la mitad.
“El aporte estatal real… corresponde a 55.95 millones en transferencias corrientes y 2.24 millones en transferencias de capital”, dijo, enfatizando que estos fondos se destinan principalmente a cubrir salarios y compromisos laborales. “Las transferencias corrientes cubren principalmente los servicios personales… salarios y cuotas patronales del personal universitario”, puntualizó.
Más gastos
Uno de los momentos más sensibles de la sustentación surgió al abordar la ejecución del gasto. Aunque el presupuesto asignado fue de 72 millones, el gasto ejecutado alcanzó los 91 millones. “Este desfase no es producto de un gasto excesivo, sino de obligaciones laborales legalmente adquiridas”, aclaró, al tiempo que reveló que el Estado solo había presupuestado pagos salariales hasta mitad de año.
“La Caja Única del Tesoro hizo los pagos directamente… hasta diciembre de 2025”, añadió, evidenciando una dependencia extraordinaria para cumplir con la planilla.
A este panorama se suman compromisos pendientes con la seguridad social. El vicerrector advirtió que existe “un déficit de incumplimiento del Estado de aproximadamente 27.6 millones”, dentro del cual destacó una deuda de “12.4 millones en concepto de cuota obrero-patronal con la Caja de Seguro Social y 265 mil dólares con el SIACAP”, obligaciones que no fueron transferidas oportunamente y que han tenido que ser cubiertas con el presupuesto de 2026.
Las consecuencias de la contención del gasto y el cierre fiscal anticipado terminaron por agravar la situación. “Esto afectó grandemente a nuestra universidad… no había para gas, no había para combustible, no había para comprar los insumos”, relató.
En su conclusión, González fue enfático: “Este presupuesto de 72 millones no es suficiente para las necesidades básicas”, advirtiendo que los recortes impactan directamente a “22,500 estudiantes” y comprometen la calidad educativa. “Es imposible continuar trabajando de forma adecuada… con este tipo de presupuestos”, sentenció.
Los cuestionamientos
La comparecencia del vicerrector de la Unachi no solo giró en torno a cifras presupuestarias. También estuvo marcada por una batería de cuestionamientos encabezados por el diputado Miguel Campos, quien puso bajo la lupa la gestión administrativa, particularmente en torno a denuncias de presunto nepotismo y el cumplimiento de resoluciones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
González explicó que, tras las denuncias, la Antai inició procesos contra un número considerable de funcionarios administrativos y docentes. “La mayoría no reunía los requisitos para poder considerarse nepotismo”, afirmó. No obstante, reconoció que la entidad remitió resoluciones contra 15 administrativos, de los cuales “cinco… ya fueron desvinculados”, mientras que otros habían sido separados o renunciaron antes de que se emitieran los fallos.
Campos centró sus preguntas en la ejecución de estas decisiones, cuestionando la aparente lentitud en la aplicación de las sanciones. El vicerrector defendió que la universidad está obligada a respetar los procedimientos internos.
“No dice ‘destituyan inmediatamente’, dice ‘siga los procesos’… porque, si no, tiene visos de nulidad”, sostuvo, en referencia a la aplicación de la Ley 62 de 2008 sobre carrera administrativa. Añadió que los casos restantes están en manos de una comisión de disciplina que evaluará cada expediente antes de elevar recomendaciones al Consejo Administrativo.
El diputado insistió en la necesidad de resultados concretos. “El país no solamente espera transparencia, sino que espera que estas sanciones… se cumplan”, reclamó, al comparar la actuación de la universidad con otras entidades estatales.
González respondió que la Unachi “no se está oponiendo” a las resoluciones, pero subrayó que el debido proceso implica plazos y la posibilidad de recursos ante instancias como la Corte Suprema.
El intercambio también se trasladó al terreno presupuestario y legal. Campos preguntó de forma directa si la formulación del presupuesto universitario cumple con lo establecido en la ley orgánica, específicamente en cuanto a la aprobación previa en juntas de facultad. González argumentó que el modelo actual responde a mecanismos modernos de planificación.
“Ahora el MEF trabaja con el plan operativo anual… cada facultad diseña sus necesidades y eso se compendia”, explicó.
