La urgente auditoría de edificaciones construidas antes de 1984, especialmente hospitales, escuelas y centros de respuesta a emergencias, así como el cumplimiento estricto del Reglamento para el Diseño Estructural Panameño (REP), constituyen las principales prioridades técnicas para garantizar la seguridad de Panamá ante un evento sísmico de gran magnitud, afirmaron expertos tras culminar un foro internacional enfocado en los recientes terremotos de Latinoamérica y Venezuela.
Especialistas de México, Costar Rica y Panamá, encendieron las alertas durante la Jornada de Ingeniería Sísmica: Avances y Desafíos en la Región, un foro académico organizado por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).
Urgencia nacional: Infraestructura crítica previa a 1984
El Dr. Luis A. Pinzón, director de Investigación de la USMA y miembro del Comité Consultivo Permanente del REP (CCP-REP), lideró el llamado a la acción enfocado en el contexto panameño.
Pinzón explicó que evaluar la totalidad de las construcciones del país requeriría una inversión económica inviable, por lo que el Estado debe priorizar de manera inmediata aquellas estructuras esenciales que fueron diseñadas previo a la implementación de las primeras normativas sismo-resistentes en Panamá en 1984.
“Es fundamental enfocarnos en las estructuras esenciales que necesitamos que permanezcan operativas inmediatamente después de un desastre natural: hospitales, escuelas públicas y albergues de emergencia“, afirmó el Dr. Pinzón.
El académico urgió a las autoridades a organizar un plan nacional de inspecciones para transitar de un modelo reactivo, que solo responde tras la catástrofe, a un modelo preventivo de mitigación a través de proyectos específicos de rehabilitación y reforzamiento estructural.
El peligro de la mampostería
Por su parte, el ingeniero Luis Buitrago, especialista de la firma Walter P. Moore y miembro del CCP-REP, expuso sobre las experiencias en la evaluación post-sismo y conectó el caso venezolano con la realidad panameña.
Buitrago detalló que la disparidad de daños en Sudamérica, que varió de afectaciones leves a colapsos severos, respondió a la combinación de “efectos de sitio” (variación de la fuerza del sismo según el tipo de suelo) y a la alta vulnerabilidad del parque inmobiliario construido en las décadas de 1970 y 1980.
Buitrago alertó que en Panamá, ciudades con alto riesgo sísmico deben adoptar modelos internacionales como los de la costa oeste de Estados Unidos o México, donde las normativas obligan a los propietarios de edificios comerciales y hospitales antiguos a tener planos aprobados y ejecutar rehabilitaciones estructurales en plazos definidos de 10 a 15 años basándose en un índice de vulnerabilidad.
Complementando esta visión, el Dr. Pinzón sumó una advertencia sobre los elementos no estructurales, tales como fachadas, tableros y paredes de mampostería (bloques de cemento o arcilla). Explicó que al no estar diseñados matemáticamente para resistir la fuerza de un terremoto, estos componentes se agrietan y desprenden con extrema fragilidad, convirtiéndose en una de las principales causas de heridos y muertes en las calles de la región.
El reto de la fiscalización
La conclusión unánime de la jornada académica apuntó directamente a los procesos de supervisión local. El foro determinó que poseer códigos de diseño modernos y avanzados es inútil si los gobiernos locales carecen de mecanismos de control rigurosos.
“El reglamento estructural en Panamá debe usarse por Ley, pero hace falta validar que lo que se diseña en el papel sea exactamente lo que se construye en el sitio de la obra”, concluyó el Dr. Pinzón.
Además de Pinzón y Buitrago, en el foro, el Dr. Miguel Mánica, de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó su ponencia sobre Direccionalidad sísmica en la estabilidad de taludes y el Dr. Diego Hidalgo, de la Universidad de Costa Rica, expuso sobre el Código Modelo Sísmico de Latinoamérica.
Los expertos finalizaron enfatizando que el proceso de seguridad sísmica va mucho más allá de la firma de un ingeniero especialista o de la aprobación de un plano en un municipio; requiere de una fiscalización de campo continua para evitar que la historia de desastres de la región se replique en territorio panameño.
